Cuarenta y nueve años más tarde, los españoles no pueden decidir su futuro en las urnas, hoy cerradas baja siete llaves por la minoría de perdedores que mantiene secuestrada la soberanía nacional en un Congreso que sirve el interés personal de un aventurero sin vergüenza.
Es lo que está pasando, una pesadilla que desde aquel umbral de la historia que estamos viviendo hubiera parecido inimaginable a los millones de ciudadanos constituyentes. Es buena prueba de que la Historia lejos de estar escrita pertenece a la libertad de quienes la hacen viviéndola.
Pero que hayamos caído en la que estamos parece dar razón a aquel malhadado dicho de que cada nación tiene el gobierno que se merece, imbecilidad que a demasiados deja tan tranquilos. Y así ya pueden caer chuzos de punta que el caudillito sin medallas sigue teniendo la aquiescencia de uno de cada cuatro ciudadanos para poder seguir a lo suyo sin atender a los intereses generales de la sociedad que parasita.
El destrozo que va a quedar tras su paso será similar al que Putin deja en Ucrania, Netanyahu en el Líbano o aquel Maduro ha legado a la Venezuela tan próxima a Zapatero.
Más allá de los efectos que entre la población cause la corrupción en que vive todo el aparato sanchista, éticamente de larga superación, hay otro escándalo de costosa reparación: la depravación del sistema institucional.
Este golpe a los principios esenciales del Estado de derecho, objetivo cubierto con los mejores esfuerzos del gobierno Sánchez y terminales de su partido, ha destruido el equilibrio de poderes esencial en una democracia parlamentaria. Precisamente por eso puede seguir atrincherado en el bunker que ha socavado en la Moncloa.
Y también precisamente por eso nuestro jefe del Estado no puede disolver las cámaras, como sí ocurre en los sistemas presidencialistas.
Taponar el control parlamentario con un muro de intereses bastardos, controlar la administración de justicia, quebrantar el papel constitucional de la fiscalía, malversar la función del TC, manipular la información a través de los medios públicos como el CIS o RTVE, etc. son los resortes de la pesadilla que vivimos cuarenta y nueve años más tarde de aquel día luminoso en que los españoles se creyeron dueños de su futuro.

