Sede del Tribunal Constitucional, a cuatro pasos de la presidencia del Gobierno.
No, esto no va de cantares machadianos –Golpe a golpe, verso a verso…– simplemente es el camino que hace Sánchez al andar. La estela que deja a su paso por la política nacional es un sinfín de golpes, de golpes a las instituciones del Estado, de golpes a la realidad social, de golpes al futuro de los españoles.
Las garantías constitucionales, la división de poderes, agencias estatales, el CSIC, empresas cotizadas, todo pierde valor en cuanto se convierte en objeto de sus deseos, tal vez simples ocurrencias o, seguramente, el chapoteo del naufrago que ha perdido pie.
Hay quienes dicen que el trauma causado en Andalucía ha encendido todas sus alertas y se ha lanzado al taponamiento de cualquier resorte capaz de propinarle el pescozón definitivo. Pienso personalmente que tal pulsión viene de lejos. Todo comenzó tras la recuperación de la secretaría general. Se van a enterar, se dijo, y vació de órganos intermedios y controles aquel viejo partido socialista para levantar el puesto de mando del nuevo sanchismo.
Aquel partido representativo, como la Constitución manda, se transformó en un aparato de poder personal. Mindundis y paniaguados recibieron carteras y encomiendas en otros tiempos reservadas a expertos, técnicos y personas de mayor calado. Fue su primera ocupación, y el conjunto de los españoles miró para otro lado; a la postre, cada uno hace en su casa lo que cree conveniente.
El objetivo de la segunda fue la Fiscalía General del Estado, puesta en manos de una brillante prototipo del uso del uso alternativo del Derecho, exministra sanchista, pareja del juez prevaricador Garzón y amiga del temido extorsionador Villarejo. Todo un currículo para una guardaespaldas.
Ahora los golpes son continuos, institucionales y personales. Siega la yerba bajo los pies de quien se atreve a contar lo que ve. Por ejemplo, el presidente del Instituto Nacional de Estadística, o el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Buenaventura y Rodríguez Poo se han atrevido a ejercer las funciones que el propio sanchismo les encomendó. Y así dan cuenta de que el crecimiento es inferior a lo anunciado, o de que el asalto a Indra tiene matices extraños para las normas del buen gobierno de las entidades cotizadas. Sencillamente porque es lo que pasa. Inadmisible, proclama la propia vicepresidenta Calviño que los nombró.
Por sus advertencias sobre el rumbo de la economía, el gobernador del Banco de España está también en la lista de justiciables, pero Hernández de Cos tiene un mandato inamovible hasta junio de 2024.
Control, control, control, y así fue despedida del CNI su presidenta de Paz Esteban para dar paso a la secretaria a Esperanza Casteleiro, nueva en plaza tan compleja.
El asalto a INDRA, empresa tecnológica en muchos sectores, comenzando por el de Defensa, tiene encomendado nada menos que el recuento de votos en las elecciones generales. ¿Se dan cuenta? Con el despido de consejeros independientes, los accionistas, entre ellos el propio Estado, han perdido la cuarta parte de su valor, pero Sánchez ha puesto piso en Madrid a un grupito de catalanes, nuevos consejeros que pueden sacar de pobres a los vascos pillados en una fábrica de motores de aviones que terminarán comprando. Todo ello con el apoyo de los propietarios del diario amigo, Amber Capital.
Y por si no es suficiente tener cubiertas las espaldas por la Fiscal Delgado, otro golpe en curso busca el control del Tribunal Constitucional. Nada menos. Lo quiere listo en julio. Para ello reforma la ley, que hace unos meses prohibió al CGPJ hacer nombramientos, para que ahora pueda nombrar dos vocales en el TC. Maniobra que completa la designación por su cuenta de los otros dos magistrados que competen al Gobierno.
El control del TC ha sido objeto del deseo de los socialistas desde 1985, cuando el Gobierno González suprimió por Ley el recurso previo de inconstitucionalidad. Alegó que era un arma en manos de la oposición para frenar la actividad legislativa del ejecutivo. Y salieron los disparates que salieron en algún Estatuto de Autonomía. Visto lo visto, bajo el Gobierno Rajoy, hace siete años, otra Ley orgánica restauró el destrozo. Quizá estemos ad portas de una vuelta atrás. No sería extraño, y así cubrir cualquier nuevo desafuero sanchista bajo el manto de la legalidad. Manto, no; mejor manta.
Y así entra el país en la semana de la OTAN, a golpes y regando la plaza para que peceros y podemitas no levanten la voz más allá de lo ordenado.
