Cuestión de puñetas
Conquistado el Ejecutivo y constreñido el Legislativo, toca ahora demoler el Poder Judicial. Iglesias no ha tardado media hora: concentración frente a la sede del Tribunal Supremo. Su lugarteniente Echenique dice que los ricos han comprado al Supremo. La banca chantajea a los jueces, clama el acompañante Garzón, y así toda la banda antisistema que cierra la izquierda nacional.
Todo ello por la decisión de la sala de lo contencioso-administrativo que tras arduo debate terminó pronunciándose contra la sentencia que hace quince días quebró la jurisprudencia existente sobre la fiscalidad de los actos jurídicos documentados. Así la tasa de las hipotecas, por ejemplo, la seguirán pagando los prestatarios, como venía siendo desde el año catapún.
El sistema hipotecario de este país nuestro, por cierto el mejor del continente, se ha visto sometido a una especie de maremoto por el inesperado giro que una sala del TS dio al asunto.
Cargar la tasa notarial de las hipotecas sobre las entidades de crédito es razonable ya que son éstas quienes se aseguran el recobro de lo prestado, venía a justificar aquella sentencia; pero dejar abierta la puerta a la retroactividad, sin especificar quién habría de reponer lo ya pagado, no deja de ser una boutade impropia del más alto tribunal.
La decisión fue recibida con tanto alborozo por los clientes como histeria acusaron los mercados financieros. Los valores bursátiles perdieron decenas de miles de millones en cuestión de horas; los mismos, cabe suponer que recuperarán ahora. De hecho, la decisión del Supremo, que cogió cerrada la bolsa de Madrid, fue recibida en la de Nueva York con subidas del 2% en los dos únicos bancos españoles que allí cotizan.
Sea de todo ello lo que fuere, el caso es que el gabinete del doctor zascandil, tras lo de Cospedal, ya tiene otra cortina de humo para ocultar sus vergüenzas. Los populistas de ambos extremos, porque también aquí mojan los de VOX, aprovecharán la ocasión para seguir dinamitando el sistema; y qué más quieren los forajidos catalanes para defender su felonía por ahí fuera.
Con un Gobierno elegido por los ciudadanos, libre de ataduras mafiosas, comprometido con la legalidad institucional y defensor de los intereses generales lo sucedido no tendría otro efecto que el del ridículo incurrido por una sala judicial afectada de populismo.
Pero no es el caso; ni estamos en esa situación ni se espera que Sánchez convoque elecciones, se libere de la dependencia de los antisistema y manifieste expresamente su lealtad constitucional para así poder defender los intereses generales de los cuarenta y siete millones de españoles, todos incluidos.
