Lo advirtió Confucio
Como tontos que se quedan mirando al dedo que señala a la luna, políticos de todos los colores llevan tres meses sin ver más allá del maldito juego del nacionalismo catalán. Los inventores de la matraca han triunfado. El país marcha a su aire -lo cual no siempre es malo- pero los encargados de resolver problemas y promover decisiones andan pasmados.
Los ciudadanos aguantan lo que no está en los escritos, y pagan con sus impuestos el bien vivir de sus representantes. Subyugados por las encuestas cada cual tiene su forma de hacer el ridículo, pero en algo coinciden todos: parecen ignorar los intereses generales de la Nación.
Andan… ciertamente no se saben en qué andan; los que tienen la posibilidad de mandar, no mandan y los demás ponen sus mejores esfuerzos en impedirlo. Ver a partidos significativos levantarse de mesas de diálogo, por ejemplo, es lastimoso.
El caso de la Educación es de libro; del libro en el que alguien escribió que hay que impedir la puesta en marcha de cualquier reforma propuesta por otro, o que toda iniciativa ajena ha de ser cortada de raíz.
Poco parece importar que ahí, en la Educación, radiquen los principales problemas del país. Empezando por el empleo, siguiendo por los nacionalismos y terminando por la corrupción larvada en nuestra sociedad.
Y no se trata tanto de más leyes sino de concertar algunos criterios básicos sobre Educación e Instrucción. Como el fomento de valores para formar personas responsables y ciudadanos defensores de los derechos y libertades fundamentales. ¿Por qué no empezar por cumplir lo que la Constitución establece?: “Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes”.
¿Garantizan las enseñanzas provincianas de algunas Comunidades el respeto a las leyes?
No resulta ocioso recordar que el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en materia educativa es competencia estatal exclusiva, como declara la misma Ley suprema. Porque tras el pacto firmado por Aznar y Pujol a raíz de las elecciones de 1996, la enseñanza no universitaria fue transferida a las Comunidades.
Y no fue eso todo, posteriores leyes de Normalización Lingüística han agravado la situación. ¿A qué esperan Gobierno y oposición para rehabilitar los principios constitucionales en esta materia?
