Tal para cual
Como es hora de hacer política, que dicen los que ni la hacen ni dejan hacerla, el Estado ha comenzado por el principio: veamos si las leyes se cumplen. Y la fiscalía de Cataluña ha presentado la querella contra Mas y tres cómplices por su papel en el pasado día 9, no por taimado menos determinante.
El presidente nacionalista, travestido de secesionista por aquello del pas d’ennemis à gauche, ha dicho con risa nerviosa que llevarle ante la Justicia es un error. Sigue viva la insólita contraposición entre legalidad y política, como si el principio de legalidad no fuera el único marco de toda política democrática.
Se ha convertido en lugar común descalificar el nivel cultural, y no digamos intelectual, de los jóvenes que salen de los Institutos en los últimos años. ¿Será esa falta de nivel un mal endémico nacional?, cabría preguntarse visto tanto despropósito entre la actual dirigencia política del país.
De entre quienes hablan desde la oposición no hay una sola voz que no haya caído en el enredo política-legalidad. Hace un par de días fue el líder del PSOE quien repitió en una radio catalana que la unidad de España no se defiende con querellas. El culo y las témporas.
Es lo que pasa cuando se pasa de las tertulias a la política sin pasar por la realidad de lo que pasa, y por donde pasa Sánchez no para de asombrar con su carromato de fuegos fatuos. Ayer comenzó a concretar lo de la reforma de la Constitución diciendo que en ella hay que blindar el catalán, la lengua y su enseñanza; no concretó si incluía en esas enseñanzas a blindar la peculiar Historia que enseñan a los futuros ciudadanos de aquella parte del viejo reino de León. Pero algo sí añadió que “si en Cataluña hubo un pacto nacional por la educación firmado por una amplia mayoría de fuerzas tiene que haber respeto”.
Ahí tienen al secretario general del Partido Socialista Obrero Español calificando de nacionales los pactos trenzados en Cataluña entre partidos, y no todos. Zapatero no lo habría superado.
Y como para seguir haciendo amigos, afrontó la cuestión de las transferencias, porque los fondos que reciben, dijo, «son insuficientes para garantizar los servicios públicos necesarios«. No le preguntaron si consideraba servicios necesarios los gastos en embajadas y road-shows internacionales.
Tal vez todo ello consuele a Mas en esta hora que podría estar marcando el principio de un final poco honorable. Mucho ha hecho el personaje por ganarse la inhabilitación para desempeñar las funciones que malamente ha cumplido, iluminado como está por la estrella de su bandera.
Dudas hay sobre la capacidad para aislarse de la presión nacionalista que puedan tener los magistrados que juzgarán al aforado. Los fiscales de aquel tribunal superior ya dieron motivos suficientes como para alimentarlas. Pero al final siempre queda la Ley, y la Ley dice que “el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional en todos los órdenes…”. Una garantía.
