Aportación de Canal 9 a la historia de la tv
Las televisiones públicas son viables mientras los ciudadanos estén dispuestos a pagarlas con sus dineros. Las trece Comunidades que se permitieron ese lujo desde su implantación no han cesado de enterrar millones, entre pesetas y euros. Sólo Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra resistieron la tentación de emular al Estado creando su propio “servicio público” y así se han salvado del despilfarro.
Las televisoras regionales nacieron bajo el paraguas de la Ley del Tercer Canal, así se llamó, que los socialistas hicieron al año de instalarse en el poder el primer gobierno de González. Seguramente era una de las palancas que montaron para hacer que en poco tiempo a España no la reconociera ni la madre que la parió, en sugerente expresión del entonces vicepresidente Guerra. De hecho casi todas fueron creadas por gobiernos regionales entonces socialistas, incluidas las de Madrid y Valencia, o nacionalistas en los casos del País Vasco y Cataluña.
El hecho de que los canales públicos convivan en sus respectivas regiones con otros de alcance reducido y titularidades varias, y que mal que bien se mantienen a costa o para beneficio de sus propietarios, debería hacer pensar a todos, ciudadanos y gobernantes, sobre el sentido de estas fábricas de despilfarro.
Las lenguas propias juegan un papel determinante en la supervivencia de las cadenas públicas de Cataluña, País Vasco y Galicia, pero en ellas, como en el resto de las comunidades, la gran razón de su existencia es la palanca de poder que la información aporta; a todos, sea cual fuere el color de los administradores regionales. Que puedan usarlo a su antojo es otra cuestión porque el mando efectivo, prácticamente en todos los casos, lo ejercen los consejos de redacción, sindicatos o figuras similares. Como ocurre en la misma corporación estatal, RTVE.
Lo que en los años ochenta pudo tener sentido hoy, cuando la información no conoce límites ni fronteras, es sencillamente absurdo. Ni se cumple finalidad que entonces tenía el servicio público, distribuir espacios radioeléctricos limitados, ni tampoco los principios que aquella Ley obliga a respetar: la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones, la separación de informaciones y opiniones, el respeto al pluralismo, al honor, la fama y la vida privada, y la protección de la infancia, la juventud y “los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la Constitución”.
Que se arme la marimorena porque una Comunidad decida el cierre de su televisora al sentir que no puede con ella no revela nada bueno. Lástima por el empleo de sus profesionales; optaron por no aceptar un ajuste parcial y consiguieron el paro total. Pero si su empeño fuera viable alguien se aprestará a abrir un nuevo canal para la región. Eso sí, sometido a esa ley de la naturaleza que dice que de donde no hay, nada se puede sacar.
Estupendo artículo . Quien sabe , sabe . Gracias