El fin justifica los medios, vienen a decir los magistrados de la Audiencia Nacional que han sentenciado sobre el llamado “caso Faisán”. El Estado de Derecho ha quedado malparado.
La sentencia deja cristalino cómo Pamiés, entonces jefe superior de policía del País Vasco, y su colaborador Ballesteros abortan con su chivatazo una operación hispano francesa para desarticular una operación de los terroristas, concretamente el trasvase de fondos del impuesto revolucionario. Y les condena por revelación de secretos. Punto.
Aquel bochornoso episodio -la operación se frustró por causas políticas, afirmaron las autoridades francesas- ¿no significó nada más; evitar su detención no fue un caso de colaboración con los terroristas? No, dice la sentencia. Y así lo argumenta: “si en los delitos de terrorismo el bien jurídico que se quiere proteger es la convivencia pacífica entre los ciudadanos, o dicho de otro modo el alcanzar la paz social, así como preservar el orden constitucional, alterados por la irrupción violenta de un determinado grupo armado, que por la fuerza o violencia, intenta imponer su voluntad; si la acción realizada por los acusados tendente favorecer el proceso dirigido a hacer cesar la actividad de una organización armada (ETA), no podemos considerar que lesionó o puso en peligro el bien jurídico protegido”.(sic)
Y por si la pésima redacción propiciara alguna duda, la propia sentencia recoge la advertencia que el jefe superior de policía le hace al intermediario de los etarras, el propietario del bar “El Faisán”: “Oye…, no vayas a decir que yo te he llamado, eh… para no fastidiar el proceso… Escucha, lo que te he dicho yo es que aquí hay gente que quiere que se rompa el proceso… y claro, ya sabes cuál es la situación política actual”.
La situación política el 4 de mayo de 2006 era la propia del primer mandato de Rodríguez Zapatero: Rubalcaba llevaba poco menos de un mes al frente del ministerio de Interior, en el que permanecería hasta julio del 2011; el 22 de marzo ETA había declarado un alto el fuego permanente, y el 29 de junio ZP anunció en el Congreso la apertura de diálogo con ETA.
Ese era el proceso que Pamiés ¿por su cuenta y riesgo? quiso salvaguardar. La sentencia dice que sí, que fue por su cuenta, y que de riesgo, poco porque lo que hizo fue poner su granito de arena en el camino hacia la paz. Lástima que aquella vía saltara por los aires seis meses después, el 30 de diciembre, con la bomba que ETA puso en el aeropuerto de Madrid. Mataron a dos personas, pudieron haber sido centenares.
¿Jueces o políticos?
Por cierto, aquel mismo año, el 30 de marzo, el Congreso había aprobado el Estatut de Cataluña. Eso originó otro proceso…
No le dé vueltas Don Federico.
Como le vengo diciendo desde tiempos casi inmemoriales, el verdadero problema de España es el de la Justicia, del que luego, eso sí, y aprovechandose del mismo, surgen los demás.
Y yo le doy la razón…, sin que sirva de precedente en otros casos.