«Estudiante» contra la reforma
Los gobernantes parecen recién salidos de la incubadora de cargos públicos, que es en lo que los partidos han devenido, malversando su gran objetivo: la participación política de los ciudadanos.
El analista puede silenciar su asombro ante tanto stop and go como vienen sufriendo leyes y otros proyectos. Ejemplos por doquier, desde la reforma del aborto a la del sistema educacional. Por no preguntar en qué está el proyecto de ley de garantía del mercado único, u otras reformas ya no sólo anunciadas por el gabinete sino incluso presentadas al Congreso para su aprobación.
Pero la estupefacción llega al límite cuando una autoridad, en caso reciente la secretaria general del partido gobernante, entre otras cosas más sensatas anuncia una campaña de imagen para que toda España comprenda las bondades de la LOMCE, siglas que cobijan la nueva y aún no nacida Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la Wert. Para más detalles aclara que esa especie de road show se iniciará una vez que las Ley salga de la cámara.
Si hubieran empezado por ahí, por hacer evidente la necesidad del cambio, ahora no tendrían que tratar de contrarrestar la movida que les han montado. Y, además, ¿quiénes son los genios de la comunicación que han decidido hacer campaña de la campaña, y no de la Ley en cuestión, que es de lo que al parecer se trata? A no ser, claro está, que el anunciado propósito termine en el limbo del olvido, como tantos otros.
Para explicar las bondades de cualquier reforma de la Educación en España no hacen falta esfuerzos excesivos, y aún menos gastos; basta con poner en todas las pizarras y pizarrones del país las cifras que arroja el tres veces remendado sistema educativo y siempre a cargo de gobiernos socialistas. Es decir, llevando a los medios, escritos y de los otros, un debate real sobre el alcance y sentido del proyecto. Y, naturalmente, desligar la futura Ley de cualquier recorte presupuestario que las actuales circunstancias hayan impuesto, mal o bien, pero que ahí están por el momento.
Claro que para todo ello hay que empezar por saber de qué se habla y creer en los principios que sustenten la nueva Ley, como se echa en falta en el caso de la regulación del aborto. De la despenalización del aborto que la prudencia y sentido común puedan aconsejar, a la consideración del aborto como un derecho de la mujer -¿y por qué sólo de la mujer?- media un abismo cultural. La mayoría gubernamental no debe de tenerlo tan claro cuando paró el reloj y púsose a marear la perdiz.
Y qué decir de la reforma del órgano superior del poder judicial. Ya es un trágala respetar el sistema de elección que impuso el primer gobierno socialista retorciendo el artículo 122 de la Constitución, pero que ahora aquellos mismos –o sus sucesores- pretendan bloquear las renovaciones por el hecho de que en minoría se pierde influencia es razón más que suficiente para salir y contarlo de pe a pa como se dice en la calle, que es donde hay que explicarlo todo.
¿A qué estarán esperando para hacer las cosas como es debido?
El analista puede silenciar su asombro ante tanto stop and go como vienen sufriendo leyes y otros proyectos. Ejemplos por doquier, desde la reforma del aborto a la del sistema educacional. Por no preguntar en qué está el proyecto de ley de garantía del mercado único, u otras reformas ya no sólo anunciadas por el gabinete sino incluso presentadas al Congreso para su aprobación.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón , ha asegurado este martes que el aborto «jamás» podrá ser por razón de la discapacidad de una «persona» porque eso significaría crear ciudadanos «de primera y de segunda», pero sí contempla los casos de malformación grave, como hasta ahora. Con estas palabras ha respondido el titular de Justicia a la interpelación de la senadora de la Entesa Mónica Almiñana, quien ha asegurado que la reforma del aborto no es «necesaria», ni deseable y que tiene como única justificación la «obsesión» del Ejecutivo de acabar con el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Gallardón ha reiterado que la ley actual, aprobada en 2010, «lesiona» la doctrina del Tribunal Constitucional y ha subrayado que la reforma que elabora su departamento no será un sistema de plazos «sino un sistema de indicaciones». Ha sostenido que España está obligada a modificar su legislación en función de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, porque «un discapacitado -ha dicho- no tiene peor derecho» que una persona que no lo es. «Por lo tanto, si hay interrupción del embarazo será por un motivo distinto, pero jamás podrá ser por razón de discapacidad de una persona porque eso significaría crear personas de primera y de segunda», ha destacado Gallardón.