La vicepresidenta anunciando reformas en la Justicia
Por razones diversas pero convergentes en una, la corrupción en sus diferentes modalidades, la Justicia sale en primera plana. Sinvergüenzas y paseantes en cortes, famosos sin causa, empresarios y políticos de altura y también de pequeño cabotaje, y hasta el juez empeñado en dejar de serlo protagonizan demasiadas noticias como para no preocuparse por la marca España. Frente a ese panorama el órgano de gobierno del poder judicial anda perdido, parte de sus miembros tienen vencido su mandato… en fin, de pena.
Dice la Constitución, art. 122,3, que de los veinte miembros del Consejo General nombrados por el Rey por un período de cinco años, doce lo serán entre jueces y magistrados y los ocho restantes, “cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado”.
Parece claro que si a los constituyentes se les hubiera pasado por la cabeza que los veinte fueran elegidos por las cámaras, o sea por los partidos, no habrían hecho el distingo entre los 14 jueces y magistrados primero citados y los 8 abogados y juristas de reconocido prestigio que encomienda seleccionar a las cámaras.
Dos días antes de las últimas elecciones generales, escribí que si el poder legislativo ha de representar a la sociedad, lo que se iba a dirimir el 20-N, el judicial tiene que ser independiente. “Este es uno de los campos tomados al asalto por los partidos en otro ejercicio radical de la política. La ocupación se remonta al primer gobierno socialista, año 85… La solución es tan sencilla como devolver lo ocupado y que sean los propios jueces y magistrados quienes elijan a los doce miembros del Consejo General que hoy designan Congreso y Senado”.
Pues parece que a eso se apresta el Gobierno, según ayer dejó caer la vicepresidenta Santamaría, a lo que se opuso, naturalmente, el partido socialista o su portavoz Jáuregui al menos, porque el partido está en estado de crisálida hasta dentro de dos semanas.
La crisis en que estamos no es sólo la de las cosas de comer. La justicia no puede seguir manejada desde los partidos, es decir, politizada. Las mayorías políticas son para gobernar y hacer leyes; mejor pocas. Y, por cierto, garantizando que no se salen del tiesto constitucional, lo cual es tan sencillo como restaurar el recurso previo de inconstitucionalidad que, también en 1985, suprimió el gobierno socialista de González. Ni para esto ni para lo anterior hay que tocar la Constitución, como informaba ayer el diario amigo… de Jáuregui.
Totalmente de acuerdo. Por fin vamos hacia adelante. Por fin llega el sentido común.