Presupuestos para no ser cumplidos
Dice Chaves, va para cuarenta años en primera fila de la política, que los administradores públicos tienen responsabilidades políticas, no penales salvo que cometieran delito. Viniendo de él no es poca cosa, visto lo que se está viendo de sus años al frente del gobierno de la Junta andaluza, y hasta hoy mismo. Pero de lo que ahora se trata es de tipificar como delito el ciscarse en los presupuestos, como ya lo son otras actuaciones por las que serán juzgados no se sabe cuántos dirigentes de la Junta andaluza, como ya lo están siendo algunos valencianos y mallorquines.
El alegato procedente de determinados círculos de que saltarse a la torera los presupuestos que las cámaras ha aprobado no tiene por qué castigarse penalmente es una muestra de por dónde anda la conciencia social, y moral, de la nación y sus políticos. Y esto vale para socialistas, populares, independentistas y demás, que en todas partes se han cocido habas.
Si este país nuestro tuviera conciencia de que las leyes se establecen para ser cumplidas, y la de Presupuestos Generales del Estado lo es, estaríamos en otro nivel; en esta cuestión, más cerca de Islandia que de Grecia. Mientras no sea así, hace muy bien este Gobierno en proponer los cambios legislativos pertinentes para meter ese principio en la mentalidad del español. El que no cumpla las leyes, habrá de tenérselas con la Ley.
Cierto es que el ministro Montoro, o a quien corresponda la paternidad de la propuesta, no ha inventado la pólvora; incluso que su Gobierno tendrá por delante una ardua labor para que tales responsabilidades puedan ser depuradas penalmente, pero no es menos cierto aquello de que la letra con sangre entra.
Desde el Gobierno de la Nación hasta centenares de municipios rurales pasando por las Comunidades Autónomas los presupuestos son las cuentas que la mayoría gobernante pone sobre la mesa para cumplir una norma, granjearse votos… y para no ser cumplidos. Los tres últimos aprobados por el Congreso gracias al chalaneo del presidente anterior con las minorías nacionalistas eran una broma, de principio a final. Todos eran conscientes de que los ingresos no podían ser los cifrados; con eso ya bastaría para descuadrar el presupuesto y la obligación contraída. Pero es que tampoco los gastos programados iban a tener demasiado que ver con la realidad. Y no por culpa de imprevistos, tipo catástrofes causadas por la naturaleza, o por los propios políticos, sino por compromisos adquiridos e incluso anunciados públicamente.
Articular la propuesta no es sencillo, pero para eso pagamos el Gobierno.
Las palabras de Montoro han provocado un maremagnum de comentarios, la mayor parte de los cuales no tienen ni pies nicabeza ni, desde luego, fundamento jurídico.
1.- Tenemos un Código Penal. ¿Se va a aplicar el art. 390?; en él se establecen penas de prisión de hasta seis años!. El camino no parece muy complicado: basta con que intervengan la Abogacía del Estado y la Fiscalía.
2.- ¿Tiene Montoro la intención de reformar el C.Penal con nuevas figuras?
3.- Se puede obligar a las administraciones públicas a confeccionar presupuestos equilibrados. Lo que nadie puede asegurar es que no los desequilibren la purita realidad porque resulte que los ingresos sean menores de lo previsto.
Y así «ad libitum». Sr. Montoro «manca finezza!»
La propuesta anunciada no va de presupuestos equilibrados, sino de incumplir los aprobados.
no sé si es intencionada o casual la comparativa… pero escoger, financiera y no geográficamente, entre Grecia e Islandia es como tener que elegir entre Kaká o Coentrao!
http://en.wikipedia.org/wiki/2008%E2%80%932011_Icelandic_financial_crisis