En la mañana del viernes 1 de julio, espectacular despliegue de fuerzas de seguridad en torno a la sede de la española Sociedad General de Autores y Editores. Los viandantes de la madrileña calle de Fernando VI comenzaron tomándolo como el rodaje de una película más. Coches policiales, furgón de la Guardia Civil, agentes entrando y saliendo del palacete modernista que en los primeros años del pasado siglo diseñó un discípulo de Gaudí, el también arquitecto catalán Grases Riera. El palacio Longoria, segundo apellido del banquero que lo encargó, acabó siendo comprado para sede de la Sociedad de Autores, así se llamaba en 1951 la actual SGAE, por el maestro Jacinto Guerrero, zarzuelista de éxito que comenzó a los doce años componiendo una Salve a cuatro voces y terminó dedicado a la revista musical.
El caso es que la policía estaba actuando por orden judicial, tras asumir el juez una denuncia de la fiscalía anti corrupción. Once horas de registros y la detención inmediata del primer ejecutivo de la SGAE, Teddy Bautista, antiguo componente de grupos pop, y de otros ocho ejecutivos de sociedades filiales. Imputación: desvío de fondos y apropiación indebida.
Hasta ahí, nada demasiado nuevo en el panorama de escándalos que alimenta la corrupción nacional. La pregunta es: ¿por qué las actuaciones se emprenden a las 24 horas de haberse celebrado unas elecciones de las que salió triunfante, como de costumbre, el equipo ahora descabezado?
Obviamente si estas pesquisas, inciadas hace un par de años, hubiesen producido la misma escandalera dos días antes, las elecciones se habrían suspendido, o ganado la oposición al grupo que lleva controlando la SGAE demasiados años, y últimamente en estrecha connivencia con la ministra de Cultura, González Sinde, productora y directora cinematográfica que se dió de alta en la sociedad de los derechos de autor hace unos meses, siendo ya ministra. Naturalmente ésta recabó la presunción de inocencia para los detenidos.
La cuestión, ¿por qué ayer, tras las elecciones?
