El Supremo ha cortado las alas a Sortu, Batasuna no podrá usar ese paraguas para presentarse a las elecciones locales de mayo. Se supo hace dos semanas, y también de la ajustada mayoría que respalda la sentencia Sortu. Pero no se sabía hasta qué punto los votos discrepantes se sustentan sobre lo mismo que ellos descalifican en el criterio de la mayoría.
Los discrepantes protestan que la sentencia se base en prejuicios; dicen que no hay datos fehacientes como para confirmar lo que la sentencia establece: que el alejamiento del terrorismo expresado en los estatutos de Sortu es cosmético, retórico e instrumental.
Pero quienes discrepan tampoco aportan datos para sostener lo contrario, tan sólo las manifestaciones de los promotores de Sortu y sus abogados.
Estaríamos pues ante una confrontación de supuestos prejuicios, los de la mayoría de la sala del 61 basada en los informes presentados por la abogacía del Estado y la Fiscalía, en base a investigaciones de las fuerzas de seguridad. Y enfrente, los discrepantes apoyados en meras manifestaciones de buena voluntad de los abertzales.
Sobre el carácter táctico o no de los estatutos de Sortu caben pocas dudas después de las manfestaciones hechas hoy por un profesor de derecho Constitucional y político socialista. Queriendo defender la legalización de Sortu Javier Pérez Royo dijo así: “Le di mi opinión -a Iñigo Iruin– sobre cómo tenían que hacer los estatutos para ajustarse a la Ley. Incluso me volví a estudiar la Ley de Partidos, y por eso sé que se ha cumplido a rajatabla”.
Blanco y en botella. Queda la duda de que la contaminación política permita al Constitucional ratificar que lo de Sortu es la leche.