Álvaro y Javier Ruiz Mateos
El caso de quien fue tratado como honorable, el expresidente Pujol, no es único. Tener al retortero en los juzgados a toda una familia, y numerosa como Dios mandaba, no ha sido común. Parecía cosa de películas de turbios y grasientos mafiosos, nunca de gente tan pulida como los Ruiz Mateos.
El caso de estos fantasmas con pedigrí andaluz ilustra sobre el papel del común, eso que algunos llaman sociedad civil, en el aquelarre de la corrupción política. En plata: sin corruptores no hay corruptos; o, mejor, habría menos corruptos.
Porque resulta que niñatos como estos, los últimos vástagos del creador del mayor fraude en serie cometido en España que ayer entraron en prisión, son tan cómplices en el escándalo de los EREs como los mandamases de la Junta andaluza. Entre paréntesis, qué hermoso gesto el de la presidenta Susana Díaz extendiendo el manto protector de la diputación permanente sobre los pre imputados cuatro ex consejeros que perdían su aforamiento por la disolución de la cámara regional. Lástima. Fin del paréntesis.
Bajo el auspicio paterno, como el progenitor cacareó en su día por tratar de salvar a sus polluelos, acordaron con esa figura egregia del sindicalismo socialista que responde por Juan Lanzas pagarle una comisión de seiscientos mil euros por cada ERE que la Junta aprobara para despejar sus empresas de trabajadores, desde un hotel a la fábrica de flanes pasando por bodegas y lo que fuera menester.
Los buenos oficios de Lanzas produjeron una lluvia de 21 millones sobre los depauperados negocios del clan; clan, no gang como ha reescrito el corrector de Windows por su cuenta. Naturalmente tales ayudas no consiguieron que las empresas salieran del hoyo, lo que salió fue otro cargamento de euros al paraíso fiscal de Belice, más de seis millones según la instrucción judicial.
Los jóvenes Ruiz Mateos Rivero entraron anteanoche en prisión por alzamiento de bienes y delitos contra la Hacienda Pública. Entre otros detalles, se quedaron con el IVA de la venta del hotel Cervantes de Torremolinos. Una multa de 1,8 millones y dos años de prisión, o sea unos meses a cargo del Estado, no parece demasiado para saldar las fechorías cometidas. Las suyas y las que ayudaron a cometer a personajes de rancia picaresca y, lo que es más serio, a tantos administradores desleales de los intereses públicos.
Y hablando de otra cosa, ¿realmente cree alguien que la prisión va a regerar a estos sinvergüenzas, argumento clave este de la regenración carcelaria, de los opositores a la pena permanente revisable?
