Desde que en 1974 los socialistas andaluces tomaron el poder en el partido hasta hoy, Andalucía manda en el PSOE. Incluso en la elección en el año 2000 de aquel verso suelto llamado Zapatero, que tan caro salió, fue decisiva la intervención del sevillano Alfonso Guerra para impedir el acceso de Bono a la dirección del partido. Y justamente catorce años después, tras el paréntesis Rubalcaba, Andalucía ha vuelto a imponer sus poderes: su candidato favorito, Pedro Sánchez, llega al Congreso con el apoyo mayoritario de la militancia de todo el partido. Será el próximo día 26.
Sin embargo hay notorias diferencias entre el socialismo andaluz que levantaron, entre otros, los sevillanos González, Guerra y Chávez reavivando la memoria histórica de una población rural deprimida y las ilusiones de la burguesía progresista harta del franquismo, y el actual. Hoy el voto socialista andaluz es en buena parte fruto de la red clientelar alimentada por la malversación de dinero público que sus dirigentes han trenzado desde el gobierno de la Junta, durante dos décadas.
En esa mutación de ideales a meros intereses materiales radica la debilidad del granero del voto socialista en España, más allá de la crisis en que vive toda la socialdemocracia europea.
La dirigencia actual del socialismo andaluz salvará su predicamento en el conjunto nacional si actúa con la determinación necesaria para adelantarse a la entrada en escena de los togados. Porque la lenta maquinaria judicial acabará por romper las tramas de corrupción que la política no ha querido ni sabido, o no puede resolver.
Sólo así la federación andaluza podrá seguir ejerciendo su decisiva influencia y poner un punto de cordura en las derivas que están dejando sin sentido a un partido socialista arrastrado hasta la esquizofrenia por cuestiones ajenas a su ser natural, el de partido de gobierno. Porque tratar de ser más nacionalistas que los nacionalistas, o más radical que los antisistema sólo conduce a la frustración, como Eduardo Madina recordaba hace unos días al presidente de la Generalitat catalana empeñado en circular fuera de los raíles de la legalidad.