La jugada ha sido más ingeniosa de lo previsto. El pleno de la sala de lo Penal no ha concluido si eran galgos o podencos; si lo del Faisán fue colaboración de tres jefes policiales con banda armada, como sostiene el auto del juez instructor, o si mera revelación de secretos, como el ministerio público concedía ayer mismo.
Dicho de otro modo; hasta muy pasadas las elecciones no habrá juicio ni en la Audiencia Nacional ni en los juzgados de Irún. Razón: las pruebas son insuficientes, y los 14 magistrados han decidido devolver el auto al juez Ruz para que siga investigando.
Al parecer todos, progresistas y conservadores, sólo se pusieron de acuerdo en dar al sumario una patada a seguir, como en el rugby. Para unos se salvó el calendario, despejando el frente al candidato y ex ministro de Interior. Para otros sigue pendiente la instrucción de “un hecho que reviste los caracteres de delito”, según la nota. En la arena pre electoral los socialistas se apresuraron a pedir a los populares que a ver qué dicen ahora, aunque los populares adelantaran ayer que en la campaña no iban a tirar al Faisán.
Así son las cosas. La Justicia queda a similar altura por la que discurre el juego del Real Madrid que dirige ese tal Mourinho. La restauración de ambos destrozos llevará su tiempo, sobre todo el de la administración de Justicia.
Porque éste no es debido al gobierno Zapatero; viene de muy atrás y ancla sus raíces en la propia Constitución que comienza el título dedicado al Poder Judicial con estas palabras: “La Justicia emana del pueblo…”, algo insólito en los sistemas occidentales que sitúan la Justicia al margen de mayorías parlamentarias. A partir de ahí, las mayorías absolutas conseguidas por González permitieron una configuración muy peculiar de los órganos jurisdiccionales.
Un ejemplo: la composición del Consejo del Poder Judicial. La Ley Orgánica consensuada en 1980 establecía que doce de sus veinte miembros fuesen elegidos por y entre los miembros de la Carrera Judicial. En 1985 otra Ley Orgánica revolcó lo anterior, y desde entonces la totalidad de sus miembros son elegidos por las cámaras legislativas.
Dejando de lado la confusión entre poderes que ello representa, que ya es dejar, merece un recuerdo que el Tribunal Constitucional, resolviendo un recurso de inconstitucionalidad sobre la cuestión, dejara escrito que siendo constitucionales ambos sistemas, el primero, el de 1980, era preferible por su menor riesgo de politización. Ni caso, y así estamos.
Ah, y lo del Real se resuelve en dos patadas.