Las movilizaciones de los radicales vascos en que se han embarcado los nacionalistas burgueses, y las recientes actuaciones policiales tienen un mismo objetivo: los presos. Las fuerzas de seguridad parecen dispuestas a desmontar el tinglado radical que lucha por la excarcelación de los presos. Descubrir la realidad oculta tras lo que viene pasando como asistencia letrada tal vez sea hoy un objetivo fundamental si se quiere atacar desde la raíz el mecanismo de presión que los restos de la banda ejerce sobre los encarcelados.
Los llamados abogados tienen por su parte dos objetivos muy claros: impedir cualquier tipo de disidencia entre los presos, principio básico para seguir su campaña Presoak Kalera, todos a la calle, asesinos y colaboradores, todos. Esa es su pelea, una amnistía. Lo de Estrasburgo y Parot les ha dado las alas que necesitaban para volver la lucha. Cierto que la lucha es de otro nivel, pero irá subiendo en cuanto los presos que podrían salir comiencen a soltarse las cadenas con que la tribu les impide cualquier disidencia, como mostrar arrepentimiento, o alejamiento de los condenados o procesados por delitos de sangre.
Y el segundo objetivo también es claro: mantener la confusión entre presos y presos, entre los que mataron y el resto, porque sólo eso les permite hablar de presos políticos.
El Estado, el español y también el francés, podría aliviar la situación de aquellos que no tuvieran relación directa con delitos de sangre; pueden ser unos cuatrocientos, de ellos medio centenar en prisión preventiva a la espera de juicio. En función de los delitos, penas impuestas, su cumplimiento y capacidad de reinserción, arrepentimiento, etc. podría ejercer su potestad atenuando situaciones, trasladándoles e incluso poniéndolos en libertad, ¿por qué no? después, naturalmente, de celebrar los juicios pendientes y, ahora sí, de mostrar arrepentimiento. Obviamente.
Pero a quienes sigue gobernando la banda criminal desde las cárceles en conexión con la troupe de letrados ahora en cuarentena, al centenar y medio condenado por delitos de sangre, el Estado no debe ni puede hacer otra cosa que aplicar la legalidad vigente. Los encarcelados por aplicación de la doctrina Parot ya han salido, como formalmente no podía ser de otra manera. Pero sobre el resto, los asesinos, simplemente el peso de la Ley. Es de ley.