La auténtica paga extraordinaria del funcionario no es la de Navidad que este Gobierno anuló el pasado año dentro de otras medidas de austeridad, como la subida de impuestos. No; la extra de los funcionarios es que son funcionarios. Lo que quiere decir que los tres millones que cobran del Estado saben que seguirán haciéndolo hasta su jubilación, muerte o inhabilitación, cosa difícil y en todo caso justificada.
El resto de los activos que en este país tienen la buena estrella de disponer de un trabajo, sea autónomo o por cuenta ajena, está al albur de eso llamado “el mercado”. De un sinfín de mercados, desde el financiero al agrícola pasando por el industrial o los servicios; en todo caso, todos sometidos a las disponibilidades del personal y los vaivenes de los ciclos mundiales. De ahí salen y ahí volverán a entrar los trabajadores que no tienen la seguridad que protege a los funcionarios.
Pero es que además de los catorce millones que trabajan en el sector privado hay cuatro millones y un pico muy largo que viven de la asistencia, pública o privada. Hablarles de pagas extraordinarias no deja de ser un sarcasmo.
Buena parte de las grandes empresas ha normalizado la división de las remuneraciones de sus empleados en doce pagas, repartiendo entre ellas las llamadas extraordinarias de julio y diciembre. La tendencia acabará generalizándose porque es racional, y este es un país, al fin, regido desde la racionalidad, por encima de tantos sinsentidos.
Dicen los jueces que el Gobierno se equivocó al hacer el decreto sobre la extra navideña del 2012, y que se la debe a los empleados estatales. Eso que las Administraciones Públicas, o sea quienes pagamos impuestos, tendrán que acabar saldando cuando pueda, es una de las herencias más profundas del franquismo. Nació en los años 40, cuando la dictadura era más dura. Primero fue la de Navidad, en 1945, y dos años más tarde, cuando aquí sólo venía Evita con el trigo de Perón, aquel régimen decidió festejar el 18 de julio, su fecha germinal.
Casi tres cuarto de siglo después, las pagas siguen tan campantes: otro derecho adquirido. ¿Adquirido?
Es que hablar en la actualidad de pagas extras es absurdo. No existen. Tanto en la administración pública como en la empresa privada lo que hay es cantidad anuales pactada, distribuida en doce o catorce pagas. ¿O es que alguien firma un contrato por unos ingresos anuales y luego le regalan las pagas extras? De hecho hay muchos trabajadores que cobran doce mensualidades. Quitar una paga extra es, ni más ni menos, rebajar el sueldo anual en algo más del 4%, sin ningún tipo de negociación y de golpe, que duele más que mes a mes.
De los puentes, que tampoco existen, hablaremos en otro momento…
La mal llamada paga extra de navidades (que se debería llamar paga número 14, porque de extra no tiene nada) se la han quitado a los trabajadores públicos, sean funcionarios o no. También se le ha quitado a trabajadores de empresas privadas que dan servicio público, sin rebajar lo que se les paga a esas empresas (véase Capio Sanidad). Por otro lado, ¿que es injusto que por presentarse a una oposición se pueda tener trabajo toda la vida? Si, suena feo, pero el problema es de quién gestiona el sistema público, que no establece los controles adecuados, porque la posibilidad de inhabilitación existe. Yo creo que el sarcasmo es que los políticos cobren sobresueldos y mientras le quitan un 8% el salario a los trabajadores públicos. ¿A quién se le ocurre tomar una medida así y no esperar que los jueces le quiten la razón? Igual que con el euro por receta, o el cierre de urgencias en Castilla La Mancha, etc… A los malos políticos que ni siquiera conocen las leyes que tienen que aplicar los jueces…