El comunista, el socialista y la ministra con CC.OO.
La democracia tiene una deuda con los sindicatos, dijo Fernández Toxo antier. Clausuraba el último congreso de CC.OO en olor de multitudes. Su candidatura, única, recibió algo más del 90% de los apoyos disponibles. Cuando alguien exhibe una deuda está pidiendo que se lo paguen. De dónde provenga la deuda es un misterio. No parece que esté su origen en el patrimonio sindical que el anterior régimen incautó a los sindicatos preexistentes, entre los que, por cierto, no figuraba CC.OO. Porque las Comisiones Obreras nacieron de aquel régimen, alimentadas por la organización sindical única del franquismo cuya estructura tan útil les resultó.
Nació de aquellos sindicatos únicos y de la inteligente intuición de sus fundadores, Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, el cura obrero García Salve, Luis Fernández, Saborido y otros. Ellos vieron en el llamado entrismo –la infiltración en los sindicatos verticales- la clave para hacerse con el tinglado oficial tras la muerte de aquel caudillo que impuso los sindicatos como uno de los tres cauces de representación política, con la familia y los municipios.
No fue un camino de rosas el de aquellos camuflados, la mayoría de obediencia comunista. Persecución, cárceles, procesos como el 1.001 que dio la vuelta al mundo en diciembre de 1973, precisamente con el asesinato del presidente Carrero Blanco, y así hasta le reposición de la democracia.
El patrimonio de aquel tinglado sindical fue asumido por el Estado para su puesta a disposición de sindicatos y patronales por Ley promulgada en enero de 1986. En su preámbulo se citaba el párrafo siguiente de una sentencia anterior del Tribunal Constitucional: “en si misma considerada, la cesión de locales a unas centrales sindicales para el ejercicio de las funciones que les son propias no puede considerarse atentatoria a la libertad sindical”. Esta Ley como la orgánica de Libertad Sindical aprobada el año anterior, fue promovida por el primer gobierno socialista de Felipe González.
Ni queda patrimonio que devolver, ni los sindicatos deben seguir pendientes de los impuestos del común. Como tampoco hay razón alguna para que no se vean sometidos a la Ley de Transparencia que han de aplicarse partidos y demás perceptores de dineros públicos.
El discurso de Fernández, irreprochable en cuanto a reclamar a las autoridades de la Unión políticas más flexibles para entonar las economías deprimidas por los ajustes fiscales, marró también al despreciar la incentivación del espíritu emprendedor y centrar todo en la conservación de los empleos tradicionales. El corporativismo está perdiéndoles. El día en que los sindicatos piensen en términos más amplios que los de su clientela fija, este país podría comenzar a ser como debe y puede ser.
