Dos agentes de la UCO al servicio de la Justicia.
El coronel Yuste, jefe de la UCO, órgano central de la Guardia Civil al servicio de policía judicial que investiga y persigue la delincuencia y el crimen organizado, ha sido ascendido a general de brigada. Así es desalojado del mando de la unidad que investiga los casos judicializados de la mujer y el hermano de Sánchez, de Cerdán, Ábalos, Koldo, de la financiación del propio PSOE, etc.
La noticia cabría encuadrarse dentro de la normalidad si no fuera porque hoy nada es normal en España. De entrada, parece que en la unidad se esperaba tal movimiento para dentro de cinco meses. Alguien con mando pudo rumiar, y ordenar: demasiado tiempo, cuanto antes se corte esta torrentera de escándalos y, sobre todo, la aparición de nuevos perfiles letales, mejor.
Y, además, siguió el acosado mandamás ¿hasta cuándo vamos a seguir enterándonos de lo que la UCO descubra al mismo tiempo que el resto de los ciudadanos a través de la radio, prensa, tv y demás?
Las prisas por remover al coronel podrían derivarse del hecho de que el jefe de la unidad no adelante a sus superiores de armas el resultado de una investigación judicial, que es lo que precisamente corresponde a la UCO. Lo cual, por cierto, tiene, un antecedente bien próximo en el que está envuelto el mismo ministro de Interior.
En pocas palabras: hace dos años el Tribunal Supremo confirmó una sentencia de la Audiencia Nacional considerando que la decisión del ministro Marlasca de cesar al coronel Pérez de los Cobos fue una represalia por cumplir la orden de la jueza que investigaba un caso, de no informar a los superiores sobre el resultado del procedimiento judicial.
Pensar mal es una dolencia de difícil cura, pero con la que está cayendo no conviene salir de casa sin paraguas. A eso nos ha empujado el gran ocupa del poder después de tantas injerencias, imposiciones, okupaciones en fin, de instituciones públicas y privadas, con las que sigue construyendo el muro berroqueño tras el que se siente a salvo de las inclemencias que él mismo provoca.
Lo grave en este caso, como en tantos otros bien recientes, es que podemos estar ante una intromisión más del poder ejecutivo en el judicial.
