Ni el 20, ni siquiera el 21; fue el día 22 de 1975, un sábado de noviembre frío y aún convulso cuando España comenzó a recuperar el sentido histórico de su ser en libertad bajo el amparo de la Corona. “La Institución que personifico integra a todos los españoles… que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional”.
Así arrancó su reinado don Juan Carlos I ante una audiencia mayoritariamente enlutada por la sombra del fallecido dictador y orlada con la presencia del autoinvitado general Pinochet, instado a volverse a Chile antes de celebrarse la segunda fase de la coronación, la misa del Espíritu Santo que oficiaría en Los Jerónimos el Cardenal Enrique y Tarancón.
Nunca fue fácil ni sencillo el ejercicio del poder a cargo de aquel joven Rey que al salir de las Cortes se topó con el cartel que en la fachada del Teatro de la Zarzuela anunciaba la puesta en escena de “El rey que rabió”, sátira política con música de Chapí sobre la España de comienzos de siglo.
Y sin embargo alcanzó su objetivo. Renunció a los poderes excepcionales que la jefatura del Estado comportaba para devolver la soberanía al pueblo español, y el Gobierno que nombró supo enhebrar ideas y voluntades diversas para levantar la primera Constitución española sin vencedores ni vencidos como las anteriores lo habían sido.
En un país escaso de liberales y con una inmensa mayoría utilitarista sobre la forma de gobierno, la monarquía parlamentaria ha mantenido en pie la normalidad constitucional cubriendo así los vacíos abiertos por otras instituciones. Además, ha probado la seguridad que ofrece quien antepone los intereses generales a conveniencias partidarias.
Esa es la virtud que han de cumplir los reyes, líderes políticos sin partido ni otro soporte que la adhesión, o cuanto menos el respeto, de sus conciudadanos a la Corona que personifican.
Sus dos titulares, don Juan Carlos I y don Felipe VI, han ejercido como válvulas de seguridad de la democracia parlamentaria cuantas veces la realidad lo ha requerido.
“La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día”. Son palabras del padre ante el intento golpista de 1981.
También ante todos los españoles, su hijo sobre el golpe secesionista catalán de 2017: “Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.”
Un líder tiene el deber tanto de advertir sobre las consecuencias de la polarización política y los discursos de odio, como de honrar a quienes hicieron posible la concordia impulsada desde la Corona; la democracia no llovió del cielo. Confundirla, con el fallecimiento del viejo caudillo es una sandez propia de nuestro actual primer ministro; tal como, en tono menor, su Gobierno borra de la Generación del 27 a Ignacio Sánchez Mejías.
Como estos días ha manifestado aquí don Juan Carlos: “Evitar que el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos. Porque no nos lo podemos permitir”.
¡Viva el Rey!
