Tenía que suceder. El triunfo pronosticado de Isabel Díaz Ayuso ha desatado la madre de todas las tormentas. Extrañas cartas con casquillos de bala, citas de no menos extrañas publicaciones europeas, lluvia de datos sacados de la bocamanga de cualquier tahúr, reiteración de la mentira, asaltos a mítines, etc. Pero el órdago a la grande lo ha echado el Gobierno en las páginas del Boletín Oficial del Estado.
Hoy tales páginas se publican en formato electrónico, guardándose la Agencia Estatal dependiente del Ministerio de la Presidencia un ejemplar en papel, como venía haciéndose desde 1836, dos siglos después del nacimiento de La Gaceta. De hecho, hoy es el segundo periódico impreso publicado en el mundo.
Pues en la primera imagen del BOE de hoy viernes se puede leer lo que sigue:
“Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno.
La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor…”
Ni más, ni menos. Ley más estofada quizá no se haya publicado en el medio milenio de historia del diario oficial, extravagante invectiva, precisamente, contra el partido que encabeza Díaz Ayuso.
En la exposición de motivos de una ley es insólito acusar al anterior Gobierno de la Nación de haber abierto un: “proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades”. Y si el juicio es falsario, la cosa es propia de rufianes.
Porque la realidad es que aquella ley hoy anulada ponía en mano de los tribunales, Código Penal, juzgar a “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga…”.
El derecho al trabajo sobre el derecho a la huelga, así de sencillo. Así es como se desmantelan las libertades… Y hoy alguno arremetía contra el lema de la campaña popular preguntando en el diario sanchista “libertad para quién”.
El insidioso texto, urgentemente debatido en la tramitación parlamentaria sometida al Estado de Alarma, fue denunciado pero el rodillo engrasado por Iglesias aplastó las críticas. Los letrados del Congreso se llamaron andana ignorando, olvidando, ¿o no?, que es el Rey quien sanciona las leyes aprobadas y ordena su publicación, y Pedro Sánchez Pérez-Castejón quien lo refrenda, como todos los actos del Rey.
Meter a la Corona en la campaña es sencillamente intolerable. Quizá estos ignaros no sean conscientes de que la Constitución establece que “de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrendan”. (art. 64,2) La Historia tomará nota.