No puede ser que, al servicio de los intereses del Gobierno y de sus partidos, se manipule la administración de Justicia. No puede ser que el paso del tiempo provocado por cambios de responsables y la parálisis de una jueza causen la prescripción de los hechos objeto de causas como la de los ERE socialistas. Más que vergonzoso es criminal. Ante lo ocurrido, la fiscalía, brazo armado al que se pretende confiar las investigaciones judiciales tendría que intervenir de oficio.
Pero qué vamos a esperar de una fiscalía tomada al asalto para proteger las espaldas de este singular gobierno de progreso. Cuando las encuestas detectan un punto caliente, suelta un señuelo para distraer la atención. Es el caso de las pantallas de humo, o las contramedidas usadas por los aviones para desviar un misil en el aire.
Rápido, que el personal está a punto de ebullición por el despelote gubernamental ante la segunda ola de muertes y contagios, la hartura por la falta de criterio para atajarlo, la amenaza de volver a ser confinados domiciliariamente y, sobre todo, ante la elusión de responsabilidades por parte de quien está al mando. Y entonces, para que salga a la luz, se traslada de instancia la investigación sobre los regalos de un amigo mexicano del anterior jefe del Estado.
No puede ser el empeño de la presidencia del Gobierno en cercenar las libertades. Es el estado de excepción, que eso es lo que significan los meses de alarma decretados saltándose la previsión constitucional de su revisión cada quince días. Estado de excepción o golpe de estado.
No puede ser que una Comisión Permanente gubernamental se erija en garante de la verdad. Lo dice una orden ministerial que pretende defendernos de la desinformación. ¿Verdad, desinformación, pero en qué país vivimos; Venezuela?
No puede ser que, con lo que está pasando, tontos útiles busquen el abrigo del poder simulando exigencias, que realmente no lo son, concediéndole unos peniques de imagen con su apoyo a los PGE.
No puede ser que, al abrigo del secuestro del parlamento, una enmienda a la ley Celáa se cargue la definición constitucional del castellano como lengua oficial del Estado. Se lo han brindado los socialistas a golpistas y separatistas a cambio de su adhesión a esos presupuestos.
No puede ser que en contra de la comunidad internacional, que vive similares circunstancias, de autoridades independientes, como el Gobernador del Banco de España o del Central Europeo, del criterio de expertos reales -es decir, con nombres y apellidos- y de la propia vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Sánchez e Iglesias sometan al país a ese sindios.
No puede ser la graciosa concesión de favores a amigos, amigas y mediopensionistas con cargo al dinero público, o de públicas empresas. La nómina de enchufados se ha visto incrementada con la inclusión de la pandilla juvenil de Su Persona.
Y el ridículo de aceptar su mujer cargos sin la titulación precisa, cargos que instituciones tan presuntamente serias y escrupulosas como la Universidad Complutense se ven obligadas a corregir, matizar, etc. es más propio del saliente presidente norteamericano que de un primer ministro español.
No puede ser, pero está siendo