Sede del Tribunal Supremo, Madrid.
La tropelía está anunciada. El segundo gobierno socialista, González, años ochenta, retorció la letra de la Constitución para acabar, dijeron, con los jueces franquistas. Lo que el artículo 122 de la Ley de Leyes establece es que, además del presidente del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por veinte miembros. De ellos doce entre Jueces y Magistrados y los ocho restantes, cuatro a propuesta del Congreso y otros cuatro por el Senado, elegidos por mayoría de tres quintos.
La estocada a los principios de independencia, inamovilidad y responsabilidad que la Constitución exige a la administración de Justicia, consistió en hacer depender los veinte vocales de las cámaras. Los jueces y magistrados, que deberían proponer la mayoría del Consejo, punto en boca. Eso sí, aquellos legisladores tuvieron la decencia de mantener la mayoría cualificada para los nombramientos.
Ahora la coalición sanchista-bolivariana, apoyada en golpistas y filo etarras, se apresta a utilizar el verduguillo para que la composición del órgano de gobierno de la judicatura se acomode a sus necesidades. Lo confesó ayer mismo ese fino polemista que funge de portavoz bolivariano: el actual CGPJ no se corresponde con la mayoría de las Cámaras.
Así caerá el penúltimo bastión de nuestro sistema constitucional; el último, o sea el siguiente, la Corona.
El Estado no puede estar en función de los vaivenes de las urnas; el Estado es el soporte de las urnas, sin Estado no hay urnas. Ese es el camino que los comunistas bolivarianos ha abierto al aventurero que ocupó la cabecera del banco azul gracias a un párrafo de una sentencia a punto, al cabo de dos años infaustos, de ser anulado por su tufo prevaricador.
Este proceder no lo para ni el covid. El Tribunal Constitucional está atado de pies y manos para actuar antes del descabello. Ya se cuidaron de ello los socialistas, año 85, suprimiendo el recurso previo de inconstitucionalidad, establecido en 1979. El Gobierno popular, Rajoy, con el consenso del PSOE, logró restaurarlo, pero parcialmente; reduciendo su funcionalidad a las normas emanadas de Comunidades Autónomas.
En resumen, con el país arruinado y la Corona cercada, las tropas de la coalición de progreso están a punto de alcanzar sus últimos objetivos. Ojalá esto se acabe antes de que el caudillito de la Moncloa pueda proclamar: Españoles, la concordia ha terminado.
