Todo p’al pueblo
No tienen remedio; está en el ADN del personaje y de la recua que le sigue ciega hasta el borde de la nada. El doctor chisgarabís no se sustrae al embrujo de su propia imagen; del postureo ha pasado a la sublimación. Y así se lanzó ahora a travestirse de El Tempranillo, aquel bandolero que por la sierra de Ronda compraba el favor de los pobres con el dinero que robaba a la Hacienda de Fernando VII.
El impuesto lo pagarán los bancos, saltó sin red tras el jaleo montado por el Supremo. Iglesias, su pepito grillo, se quedó con las ganas de echar su cuarto a espadas en pugna tan golosa como la de encabezar el populismo ramplón que mece nuestra política.
Y el colmo ha sido que tras aprobar el consejo de ministros el decreto-ley aún por escribir, la ministra de turno se cuidó de dejar bien claro que los bancos no podrán liberarse del coste que les cae encima. ¡Malditos sacamantecas estos banqueros!
¿Qué no lo trasladarán a los clientes subiendo sus precios? Eso es lo que Sánchez ha pretendido transmitir, pero lo único que el Gobierno puede hacer es declarar no deducible fiscalmente ese nuevo gasto que las entidades, obviamente, repercutirán como coste en los precios de sus ofertas. ¡Almas de cántaro!
Y todo ello a partir del sábado, añaden. Que ya será el lunes…
El bonito número que estos asalta caminos han montado, con la concurrencia de un Tribunal que echa por los suelos su prestigio en el momento menos oportuno, oculta la realidad de que el Congreso ya tenía sobre la mesa la reforma de la Ley Hipotecaria.
Ahí, en la sede de la soberanía nacional, es donde habría de sustanciarse el cambio. Ahí es donde podrían los representantes del pueblo español discutir sobre quién paga qué, cuándo, o si realmente ese impuesto debe seguir vigente. Países como Alemania no lo tienen.
Pero es que, además, la Constitución tasa el Decreto-ley de forma muy precisa. Tal que así: “Artículo 96.- 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos… “
Para el populismo todo es de urgente necesidad y extraordinario, por supuesto. Habrase visto tamaña impostura. Y sigue el texto constitucional.
“Artículo 96.- 2. Los Decretos-leyes habrán de ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados… Y para su convalidación o derogación da un plazo de treinta días.
¿A qué viene pues el desplante de que la decisión entrará en vigor este sábado, tras su publicación en el BOE? No cabe duda de que pasarle el coste de las escrituras hipotecarias a la banca sería ratificado por una mayoría mayor que la que mantiene vivo al Gobierno.
¿Quién iba a enfrentarse al populismo, cuando no se han librado de él ni siquiera algunos magistrados del Supremo?
