Hace unos cuantos años enfrenté en un programa en TVE, Cara a cara, a Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, entonces líderes de Comisiones y de la UGT. Pugnaban por hacerse con el mayor pastel posible en las primeras elecciones sindicales, invierno del 77. Cada cual presumía de lo que podía, legitimidades históricas, presencia en empresas o número de afiliados, hasta que el socialista no pudo más y estalló: “Mientes Marcelino, y tú lo sabes”. La frase se convirtió en refrán.
Pongan Rubalcaba donde Redondo dijo Marcelino y comenzaremos a entender lo que pasa y lo que se nos puede venir encima.
Ante su auditorio –y los que siguieron el congreso a través de la señal del partido que transmitió la televisión pública nacional- aseguró Rubalcaba que harían una oposición fuerte pero constructiva, no como la que sufrieron del PP. Pero a los cuatro días se siente menos constructivo y advierte que ya veremos cuándo y cómo se prestarán a hablar de las renovaciones pendientes, TC, CSPJ o RTVE.
Sabe que no es cierto que las leyes puestas en cuestión por el nuevo Gobierno fueran fruto de consenso entre las formaciones más representativas de la sociedad; que, por el contrario, fueron impuestas por la minoría socialista apoyada en las exiguas representaciones de la izquierda marginal y, en algún caso, de nacionalismos recompensados por la peor de las vías posibles.
Qué consenso buscaron los socialistas para cambiar el autonomismo del Estatuto catalán de 1979 por el soberanismo del de 2006, sigue siendo un misterio porque un 44% no lo aprobó en el Congreso y en la calle sólo lo ratificó el 36% del censo catalán.
Lo primero que hizo el Gobierno Zapatero, Rubalcaba portavoz parlamentario, fue cargarse la Ley de Calidad de la Educación de 2002, y la del Plan Hidrológico Nacional. “Porque sí”. De hecho hasta el 2006 no aprobaron la nueva de Educación y la hidrología sigue esperando algo más sensato que las desalinizadoras.
Pero el colmo llega cuando Rubalcaba tonante amenaza con una nueva desamortización eclesiástica si los populares vulneran los pactos de la Transición. Nadie podía suponer que el aborto, despenalizado en 1985, o la píldora postcoital libre en farmacias desde hace dos años formaran parte de los derechos básicos de los españoles; del consenso constitucional que la Ley de Memoria Histórica está haciendo trizas.
Porque lo cierto es que la Constitución de la Concordia fue posible porque, de Fraga a Carrillo, los constituyentes se aplicaron y los españoles ratificaron aquella oración de Azaña, 18 de julio de 1938, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona: “Paz, piedad, perdón”.
¿Por qué la mentira?