Seiscientos años ha
No han sido buenos los últimos tiempos. Entre unos y otros han quebrado la historia de éxito que veníamos protagonizando. Pero España acumula méritos sobrados para rehacerla. Bastaría con sacar lección de la experiencia vivida y pulir desajustes para afinar las claves de nuestra convivencia. Elevar de nivel el suelo de nuestro sistema.
Cristóbal Halffter hizo algo así con el pasodoble que compuso Antonio Álvarez en Cartagena hace más de un siglo y arropó la nostalgia de exiliados y emigrantes. “Suspiros de España” merecía la atención de un maestro de hoy para exprimir todo su potencial con la hondura elegante de una orquesta de cuerda, y lo dejó hecho.
Lo que en nuestra sociedad está pasando reclama dejar de suspirar por las esencias y tanta leche derramada; ponerse manos a la obra, ir a lo concreto.
Para comenzar, la madre de todos los problemas: la Educación. Restaurar el principio de una Educación en valores para formar personas responsables, y de una Instrucción basada en el respeto a los derechos y libertades fundamentales.
Más que inventar soluciones habría que empezar por cumplir el art. 27.8 de la Constitución: “Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes”. Y el 149, que declara de competencia estatal exclusiva el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en materia educativa.
La enseñanza no universitaria fue transferida a las Comunidades a raíz del pacto firmado por los gobiernos de Aznar y Pujol tras las elecciones de 1996; error mayúsculo, agravado por posteriores leyes de Normalización Lingüística.
Restañar los efectos de la pésima enseñanza provinciana que se está impartiendo en España costará años, incluso una eternidad si no se rehabilitan los principios constitucionales.
Las autonomías. Episodios como los protagonizados desde gobiernos y parlamentos autonómicos revelan la ruptura del principio de lealtad, fundamento de la descentralización política y administrativa del Estado.
El título VIII de la Constitución, obsoleta la mayoría de sus artículos una vez culminado el proceso autonómico, debe ser reformulado para fijar los principios de igualdad, solidaridad y transparencia, y simplificar el actual reparto de atribuciones fijando únicamente las exclusivas del Estado, intransferibles como suelen serlo en los Estados federales.
El Senado no es la Cámara de representación territorial, que define la Constitución. No es el instrumento de coordinación y debate que propiciaría igualdad y una mayor solidaridad entre las Comunidades Autónomas, y donde el poder central del Estado dispondría de un espacio de dialogo homogéneo y transparente.
Nuestros constituyentes trataron de unir en una misma institución dos conceptos: el de cámara de revisión, o de segunda lectura, y de coordinación, propio de sistemas federales. El resultado es patético, ni una cosa ni otra.
Y así con tantas cosas más, como la restauración del principio de autoridad, el respeto a las leyes, etc.
