Cuando los grandes fondos internacionales sobreponderan España como destino de sus inversiones, encuesta de BOFA Merryl de este mes, es que ven las cosas más claras de lo que aquí dentro a muchos parece; vamos, lo de los árboles y el bosque.
Hoy, diecisiete de enero, ha partido una nueva legislatura en el parlamento catalán con apariencia de que las cosas siguen igual. Los indepes han copado la mesa de la cámara y hacen protestas de que investirán al mismo presidente que se cargó la Generalitat el pasado año, el loquito de Bruselas.
Pero en Cataluña las cosas no siguen igual. Por vez primera en muchos años un partido constitucionalista ha ganado las elecciones. Cierto es que una conjunción de perdedores ha pasado por encima del millón cien mil votantes que votaron por Ciudadanos hace un mes, tan cierto como que el primer grupo parlamentario hoy ya no es separatista.
La mayoría de la cámara, gracias al apoyo de podemitas y otras subespecies autóctonas, impondrá un presidente de gobierno, como es natural y en su derecho está. Hurtar la presidencia de la cámara al primer grupo no tiene pase y aunque ese afán de controlarlo todo no augure demasiadas novedades, las cosas no siguen igual.
El nuevo presidente del parlamento tomó asiento con el atuendo que corresponde y tanto parece repugnar a sus conmilitones. El señor Torrent sabe a que se expone quien se empeña en jugar fuera del campo marcado por sus propias leyes y reglamentos; la experiencia brindada por su predecesora iluminará sus pasos. Sin llegar a alcanzar la fama de la Guía de pecadores que hace cinco siglos escribió fray Luis de Granada, la señora Forcadell dejó a los promotores de la republiqueta su valioso testimonio realizado en sede judicial.
El 155, o sea la vigencia de la Constitución, ha venido a demostrar que el Estado puede ser tan lento como un paquidermo, pero también capaz de allanar cuanto atente contra los derechos y libertades que garantiza a todos los ciudadanos. Y todos se habrán percatado de que el Estado, además de gobiernos, cámaras y policías tiene tribunales que no entienden tanto de razones políticas como de aplicar principios básicos de toda sociedad democrática, como que las leyes se cumplen.
La Justicia no precisa de apoyos parlamentarios para cumplir sus funciones; no hay tomas y dacas posibles como los que fueron deshilachando la urdimbre estatal por la debilidad de los gobiernos nacionales precisos de apoyo parlamentario. El Tribunal Supremo impone respeto, incluso miedo, como demuestra la reticencia de aquel Puigdemont a volver.
Por todo eso y aunque lo pueda parecer, ya nada será como antes.