El curso de los acontecimientos procesales está activando todos los resortes en manos de un Gobierno dispuesto a apuntillar el último reducto de las libertades constitucionales. La proposición que el partido socialista ha clavado en el Congreso tiene la profundidad de un golpe político dispuesto para retener el poder. Sin armas, pero letal para el Estado de Derecho.
La última maniobra, ya conocida como la “ley Begoña”, sigue las trazas de las anteriores. Cuando un Gobierno trata de legislar por la puerta de atrás, haciéndolo como simple partido y así burlar los controles reglados, está cantando que algo oculta tras los cortinones, como Sánchez trató de hacer ante su propio partido y fue expulsado de la secretaría. Nada nuevo bajo el sol.
Ahora, la estratagema le ha permitido saltarse lo escasos órganos de control no corrompidos para que su servidora Armengol someta a la cámara el desafuero con el que, mire usted por donde, ella misma saldrá exenta de responsabilidades incurridas durante la pandemia en la comunidad balear que presidía.
Pero para Sánchez ella es material desechable, como Ábalos se autodefinía entrando en la comisión del suplicatorio. Lo mollar está a su lado, enfrente y debajo. Con la aprobación del golpe legislativo las investigaciones sobre Begoña, David y García Ortiz se licuarían antes de evaporarse.
Y la que podría terminar cayendo sobre Su Persona se perdería entre las nubes que cuenta su mesías Zapatero en el firmamento.
Las leyes intuito personae son propias de regímenes a los que ni el narcodictador venezolano llega a alcanzar. Lo hizo para pagar los votos de los golpistas amnistiados, y lo vuelve a perpetrar ahora, con el recochineo de atribuirle carácter retroactivo si es que no llegara a sentenciarse la retahíla de corrupciones a la vista.
Porque ahí está la almendra de tanto desafuero, en la subversión de principios y valores sobre la que trata de dejar todo atado y bien atado. Expresión de aquel otro que el actual pequeño caudillo ha decidido refrescar en este año ¿de gracia?
Palabras mayores, sí, que tratan de someter el poder judicial a un legislativo cuya mayoría tiene comprada el ejecutivo. Y por si algún fleco quedara en el aire, ahí está de guardia Gómez-Pumpido sobre el Constitucional. Control, sobre control.
Algo así como la unidad de poder y coordinación de funciones con que se definía el sistema franquista a sí mismo.