Don Felipe VI en Villafranca del Bierzo, junio 2024
Un hombre de palabra. En junio de 2014, concretamente el día 19, con la misma claridad que habló sobre la unidad de la Nación, el Rey Felipe VI afrontó un problema de hondo calado, la falta de ejemplaridad en la vida pública.
“Los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren, y la ejemplaridad presida, nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia”.
Dicho y hecho. Sus palabras reflejan el concepto que este hombre tiene de la autoridad, su responsabilidad ante el país y que en él no cabe la sombra de apaños. La actuación del Rey es una señal de bonanza entre la tormenta de desgracias que vivimos.
La Corona, como institución, va más allá de lo que la Constitución define. Es la personalización de la Patria, King and Country para los británicos. Por encima de sus titulares ejerce un poder unificador e independiente decantado tras el paso de generaciones.
Ese es el papel que la institución viene desempeñando en diversas democracias europeas pobladas por mayorías pragmáticas en cuanto a la forma de gobierno. En ellas la monarquía parlamentaria ha probado su eficacia garantizando la normalidad constitucional.
Y en alguna, como es nuestro caso, cubriendo vacíos abiertos por otras instituciones y aportando la seguridad que ofrece el primar a los intereses generales sobre ventajas partidarias.
Sobre la figura de Don Juan Carlos I, alejado desde hace tiempo de la vida pública, hoy pesan indicios de conductas impropias. Pero su reinado propició nuestro sistema de convivencia en libertad.
España dejó de ser políticamente diferente. Europa, la defensa occidental, alternancia de gobiernos, liberalizaciones, crecimiento y crisis, fueron hitos de la historia de un país ejemplar para el mundo mientras duró el afán de superar la triste historia africanista de miseria y espadones prestos a salvarla.
La salida de la autocracia no erradicó las secuelas de lo vivido durante tantas décadas. El nacional-socialismo, nacional-catolicismo y demás nacionalismos propios de aquella democracia orgánica constituyeron una factoría de estatistas republicanos y un antídoto contra toda tentación liberal.
Las flamantes formaciones de derecha, centro e izquierda que florecieron en la transición participaban de una fe inquebrantable en el llamado Estado de Bienestar, reforzada por una extraña aversión al liberalismo político.
Y al cabo de otros cuarenta años en ello sigue la mayoría.
A pesar de la persistencia de aquellos caducos materiales, la generación de los años 70 puso lo mejor de sí misma para levantar la democracia que nuestra Constitución define; un pacto político, cultural y social forjado sobre renuncias y el anhelo de una efectiva reconciliación, conscientes de que el pasado, pasado está.
¿Sienten hoy los españoles aquel compromiso?
Una mayoría silenciosa parece atropellada por la frivolidad de un Gobierno sometido a movimientos antisistema diversos en sus tácticas y métodos pero convergentes en un fin común: desmontar los anclajes del proyecto de convivencia creado hace cuarenta y tantos años para hacer de España la Nación de todos los españoles.
Los derechos y libertades, la organización territorial del Estado, los principios rectores de la política social y económica o la separación de poderes constituyen el armazón de garantías con el que la soberanía popular creó el Estado de Derecho que asegurara durante generaciones el imperio de la ley.
Pero la propia Ley de leyes está hoy en entredicho, como el Tribunal Constitucional encargado de su pervivencia; confundidos los derechos; magistrados vejados; el parlamento burlado a golpe de decretos caprichosos; un Gobierno dictando la opinión pública a través de una televisión sometida a sus dictados, como en el régimen pasado, y una parte de la sociedad española secuestrada por gobiernos autonómicos con programas anticonstitucionales.
En pie queda la clave del arco constitucional, la Corona. Los dos reyes que han ejercido sus funciones demostraron el valor de la institución en las dos grandes crisis políticas sufridas por la democracia, dos golpes de Estado frustrados.
Con el Congreso de los Diputados secuestrado, Don Juan Carlos I deshizo el golpe con un mensaje público en la noche del 23 de febrero del año 81 del pasado siglo: «La Corona, símbolo de permanencia y unidad de la patria no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático”.
Treinta y cinco años más tarde, vista la incapacidad de los partidos parlamentarios para detener el golpe perpetrado por la Generalitat, fue el turno de Don Felipe VI. “Ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su estatuto de autonomía«.
En ambos casos, la Corona operó como válvula de seguridad de la democracia parlamentaria. Sus titulares cumplieron el papel que la soberanía popular les tiene encomendado: ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado, y arbitrar el funcionamiento de las instituciones. Y lo hicieron eficazmente. Por eso se ha convertido en objeto a batir.
En un país escaso de liberales y con una inmensa mayoría pragmática en cuanto a la forma de gobierno, la monarquía parlamentaria ha probado su eficacia para mantener en pie la normalidad constitucional. Cubre los vacíos abiertos por otras instituciones y da la seguridad que ofrece quien antepone los intereses generales a conveniencias partidarias.
El Rey no tiene partido, ni más apoyo que la adhesión de sus conciudadanos a la institución que representa. Advirtió Maquiavelo que “Un príncipe que llena cumplidamente sus deberes nunca debe temer que le falten defensores”.
Bien merece pues sacudirse prejuicios y complejos para, como ciudadanos libres, conmemorar la primera década de su constitucional mandato gritando ¡Viva el Rey de España!
