Sin comentarios
Precisamente en la semana en que celebramos la primera década del reinado de Don Felipe VI el sistema constitucional ha sido embestido desde dentro. La Fiscalía General del Estado que Álvaro García Ortiz mantiene centrada en la defensa de los intereses privados de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, es el primer agente demoledor del sistema. El segundo rol lo juega el Tribunal Constitucional, órgano político ajeno al Poder Judicial que, bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, viene ejerciendo de órgano de casación, papel correspondiente al Tribunal Supremo.
En pocas palabras: el presidente del Gobierno tiene controlado el legislativo mediante la compra de los votos necesarios para mantener una mayoría, tan escuálida e inestable como suficiente para impedir el libre juego parlamentario. Y el Judicial también, a través de la Fiscalía, por abajo, y del TC por arriba.
Los fiscales se han trocado en abogados defensores de imputados en los tribunales, caso de Begoña, o de condenados en firme, como Junqueras y demás delincuentes del procés. El espectáculo sobrepasa cuanto la imaginación de novelistas, guionistas y demás creadores haya podido generar en nuestro entorno socio cultural.
El suceso alcanza cotas inimaginables cuando su máximo responsable se convierte en acosador de autoridades democráticas, caso de la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sirviéndose de la negociación que su pareja tiene con Hacienda, instó nervioso a la fiscal de Madrid a que remitiera una nota, “Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato” absolutamente impropia.
¿De quienes habla, quienes van a ganar el relato? ¿Quiénes somos? ¿Nos van a ganar…? ¿Nos?
No dimitirá. La razón es clara: no es dueño de su propia persona, tiene una encomienda que para él vale más que cuantas descalificaciones le lluevan, incluso de los tribunales. Actos indebidos… y qué si al final su amiga Lola Delgado llega a votarle en la Junta de Fiscales porque al cabo de meses aún no se ha publicado oficialmente su anulación.
Y el Tribunal Constitucional siempre a las órdenes de quien hace quince días ya sabía la disposición que habría de tomar, y tomó, sobre una condenada en el mayor escándalo de corrupción de nuestra democracia: Magdalena Álvarez y los ERE.
Y como caballero andante de a quien se debe se mantiene don Cándido erguido y presta su pluma para firmar lo que sea menester en cuanto a la aplicación de la ley de amnistía que tan bien conoce desde dentro. En una democracia plena habría de abstenerse, como su compañero Campo.
No lo hará, y seguiremos calificados internacionalmente por debajo de las democracias plenas. Tanto el ranking de The Economist como en el de Freedom House estamos fuera de ese nivel, y perdiendo décimas de puntos en los últimos seis años.
En fin, no es cosa de repetir aquí aquello de “La patria está en peligro… Españoles, acudid a salvarle. 2 de mayo de 1808. El Alcalde de Móstoles.” Porque ni el manifiesto, que lo hubo, decía nada parecido ni fue escrito por un alcalde. Pero hay ocasiones en las que la leyenda excita la memoria.
