Habitualmente los pasos importantes requieren discreción. Esa es la llave que ha abierto el primer acuerdo entre los dos partidos mayores del arco parlamentario. Como lo fue en la fecundación del consenso con el que la inmensa mayoría de la sociedad y sus representantes alumbraron la Constitución, y con ella creímos cerrar un siglo de guerras civiles para abrir un futuro de concordia nacional.
El reciente deshielo en las relaciones políticas entre populares y sanchistas puede significar, para las décadas siguientes, un primer paso en el retorno a la senda de libertad, igualdad y progreso que abrió aquella transición hace cerca de medio siglo ya.
Así será si las firmas estampadas en el acuerdo estaban, están y seguirán estándolo, libres de restricciones mentales. La discreción se hizo transparente en cuanto los firmantes chocaron sus manos ante la testigo del Consejo de la UE, y todos conocimos lo acordado, desde la cruz a la raya.
Pero en cuestión de dos días han surgido sombras de sospecha sobre la buena fe del sanchismo. La pertinaz defensa berroqueña del fiscal general no casa con el espíritu de lo firmado en Bruselas. Y la derogación de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil semi oculta en un decreto-ley sobre medidas para afrontar las consecuencias de las guerras de Ucrania y Palestina, demuestra que todo sigue igual… de mal.
«En particular, queda derogado el artículo 43 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil«, dice la morcilla colada vía del decreto-ley, en nuevo abuso flagrante de tal figura normativa. Pero así el gobierno salvaguarda los intereses de los delincuentes del procés, y otros aspirantes andaluces a recibir el bautismo de la ley de amnistía.
El citado artículo fue introducido en enero último para garantizar que la aplicación de la amnistía quedara en suspenso si los jueces elevaban dudas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Con buen ojo, los de Puigdemont avisaron que aquello “entra en conflicto con la ley orgánica de la amnistía», textual. A lo que el triministro Bolaños respondió que lo había pedido a Comisión europea, y que las cuestiones prejudiciales no eran novedad.
Y así, el firmante del reciente acuerdo para garantizar la independencia del poder judicial afirmó entonces que la traición de que Junts habló se debía a un malentendido. Pero hoy, por si acaso, borra lo que hace medio año metió en la Ley.
En fin, la sombra de la sospecha hace pensar que el sanchismo sigue confundiendo la discreción con nocturnidad. La discreción es una condición básica para el dialogo en libertad; la nocturnidad es ocultación, un agravante del delito, en el CP.
Las sesiones del dirigente sanchista Cerdán con los delincuentes secesionistas en Suiza, o de Ábalos con la vicepresidenta de Maduro en Barajas son ejemplos de actuaciones bajo el paraguas de la ocultación.
La discreción suele dar paso a la transparencia; de la nocturnidad sólo salen quimeras, fantasmagoría. ¿En qué estamos?