Presidentes del Gobierno y del Tribunal Constitucional en el Congreso.
Un pertinaz proceso de falseamiento de la realidad tiene sojuzgada a la opinión pública.
Nadie está tratando de resolver el problema político creado por los nacionalistas catalanes o vascos. La realidad es que, para poder presidir un futuro gobierno, alguien necesita sus votos. Y para comprarlos Sánchez no para en barras.
Como gran argumento repite que el problema sedicioso es fruto de la judicialización de la política por parte de quienes no tuvieron la inteligencia o habilidad precisas para resolverlo por vías estrictamente políticas. Es decir son sus predecesores, hoy en la oposición, los responsables del actual estado de cosas. Redujeron la política, dice, al recurso a los tribunales para garantizar el imperio de la ley. Es lo que califica como judicialización de la política.
Frente a ello, la habilidad desplegada por el aspirante a seguir detentando el poder, sin contar con medios propios para alcanzarlo, radica en la carencia de principios a la hora de negociar soluciones; se limita a comprar voluntades sin mirar precio ni consecuencias. Y ha empeñado su inteligencia en la politización de la justicia.
Politizar la justicia es, por ejemplo, designar al señor Conde Pumpido presidente del TC y completar su control sobre el tribunal de garantías introduciendo en él a dos recientes funcionarios de su Gobierno. Ese abuso de su posición para satisfacer intereses propios quebranta los deberes constitucionales que prometió cumplir y defender tiene un nombre: prevaricación. Y, por cierto, la disposición de bienes públicos con el mismo fin tiene otro: malversación.
Politizar la justicia significa impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y por ende el nombramiento de jueces y magistrados, soslayando el consenso necesario con la oposición parlamentaria para alcanzar la mayoría requerida en defensa de la imparcialidad en la administración de justicia.
Politizar la Justicia es nombrar fiscal de sala del TS a una exministra de Justicia tres veces reprobada en el Congreso.
Politizar la justicia es la apelación constante al uso alternativo del derecho en detrimento del garantismo derivado del ordenamiento jurídico constitucional.
La politización de la justicia es un atentado contra la división de poderes, fundamento de todo Estado de derecho. Es un precio impagable para resolver cualquier problema dentro del marco de la ley.
Esa es la realidad que estamos viviendo. El objetivo de tantas negociaciones y encuentros, viajes y anuncios, humillaciones y frustraciones no es resolver la llamada cuestión catalana. El único fin es reponer a Sánchez en el gobierno perdido en las últimas elecciones.
