Lesmes grabando su mensaje de dimisión
Además de preparar un ampuloso mensaje de dimisión, cabría preguntarse qué hacía el señor Lesmes desde la presidencia del consejo de gobierno del poder judicial. Años al frente de una institución integrada por personas de acrisolada seriedad, en principio, sobre las que no ha sido capaz de lograr el consenso necesario para adoptar ningún tipo de decisión.
Ni siquiera hacerse fuertes frente a la intromisión en sus funciones del gobierno Sánchez al prohibir por decreto actos de ordinaria administración como la cobertura de vacantes en juzgados y tribunales diversos.
Como tantos otros problemas que hoy arruinan la política nacional, el asunto viene de atrás; de la interpretación que el gobierno González hizo del artículo de la Constitución que determina la autonomía del poder judicial, o sea el nombramiento de su órgano de gobierno. Es el 122.
Aquello fue una cacicada producto de las ganas de cambiar todo y rápidamente, de dejar España como no la iba a reconocer ni la madre que la pario, como dijo el vicepresidente de aquel Gobierno que veía en el autogobierno de los jueces de la época la supervivencia del franquismo. Fue un grave error dentro de los aciertos que, por otra parte, registraron los primeros años de gobierno socialista.
Sin que sirva de atenuante, tal vez podría tenerse en cuenta que en aquel tiempo fundacional la mayoría de los agentes políticos mantenía vigente los principios de lealtad y buena fe sobre los que se levantó la Constitución. El paso de décadas ha puesto de manifiesto hasta qué punto la lealtad se troca en revancha y se pervierte la buena fe. En esas hoy estamos.
Un reclamo para volver al camino de la civilidad, además de la petición de la oposición y de la opinión que muestran las encuestas, está en las llamadas que la Unión Europea viene reiterando para que nuestro sistema judicial y de garantías vuelva a la autonomía que le corresponde. A ser gobernado como la Constitución sigue determinando, aunque una Ley Orgánica tenga dispuesto otra cosa bajo el falaz argumento de que si todos los poderes emanan del pueblo ha de ser el parlamento quien determine el gobierno el poder judicial, además del ejecutivo.
Así mueren los contrapesos que hacen de la democracia el único sistema garante de la libertad.
