“Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta.”
Eso es la prevaricación, concepto jurídico pero demasiado sobado como para que los ciudadanos medianamente leídos no conozcan su significado. Y puedan detectar quién, cuándo y dónde ha prevaricado.
La cuestión tiene una puerta de atrás -“a sabiendas”- por la que se puede escamotear la calificación como tal del presunto. Ahí, en el dolo y su ausencia está la gatera por la que suele escabullirse el prevaricador.
A ver: ¿alguien puede imaginar que cuando Sánchez decretó los estados de alarma desconocía los requisitos que han de ser guardados para cerrar el parlamento, o suprimir derechos ciudadanos tan elementales como los de residencia, circulación o de reunión?
Y qué decir de la presidenta del Congreso tratando de ignorar una sentencia del TS sobre un parlamentario delincuente. O de la fiscal general que quita de en medio al fiscal a cargo de un asunto en que está concernida. O del ministro de Interior… O del presidente de la Generalitat… Y de tantos cuantos han intervenido en los indultos, traslados, terceros grados, excarcelaciones, etc. de delincuentes de diverso pelaje.
De las autoridades aludidas resulta difícil pensar que no saben lo que hacen, que viven en Babia o están en la inopia. No. Todos ellos tienen gabinetes y asesores hasta decir basta. Además, por si fuera poco, ¿acaso carecen de conocimiento propio para saber lo que pueden y no pueden hacer; o es que, sencillamente, padecen de idiocia?
No; no es cuestión de dolencias sino de la audacia propia del aventurerismo que permea la superestructura del sanchismo. Es la consecuencia del atropello a todo cuanto pueda oponer resistencia a esta suerte de autocracia ucrónica que tenemos la desgracia de padecer… Es un abuso de poder.
Prevaricar es tirar por la calle de en medio, con la convicción de que si alguien viene ya se apartará. Prevaricar es el santo y seña del a vivir que son dos días. Prevaricar es lo que puedes hacer impunemente si tienes amartillados los órganos de control; desde la Intervención General del Estado, hasta la fiscalía general. Pasando por los tribunales, desde el Supremo al de Cuentas.
Cuando el Constitucional habla, ya es demasiado tarde. Sus últimas sentencias deberían servir de escarmiento a quienes sufrimos tantas falsedades, tanto abuso de poder.