Sánchez se valió de la Moncloa para hacer campaña electoral.
Mientras desarrolla el libreto que su guionista le sirve puntual con el desayuno, el Supremo condena a Mi Persona a pagar la multa que la Junta Electoral Central le impuso por hacer trampa en la campaña electoral de noviembre del 19.
Quinientos euros, más 4.000 para el pago de las costas implicadas en el recurso que interpuso. Usar la residencia presidencial para hacer campaña, rompiendo el principio de “armas iguales”, está en el ADN de tan mendaz personaje, ahora empeñado en auto indultarse caiga lo que caiga y a quien le caiga.
Dicen los corifeos, con la pauta que cada día marca el grupo Prisa, que ahora toca hacer pedagogía, misión a la que Sánchez se apresta esté donde esté y se halle con quien se halle, como ayer con su homólogo polaco.
Al cabo de tanto embuste ¿quedará algún alma cándida que llegue a creerle que su indulto ayudará a “abrir un futuro de convivencia, que es lo que queremos la mayoría”?
E imbuido de “valor y valentía” sentencia que no le hablen de costes porque “el coste para el país sería dejar las cosas tal y como están”. Y por ello anuncia que tomarán “en conciencia” la decisión de indultar a los golpistas. Dicho lo cual añadió que lo harán “no pensando en los afectados, sino en los millones de catalanes y españoles que quieren vivir en paz”.
Ahí reveló la idea que del país que gobierna tiene el personaje: “millones de catalanes y españoles…”. Ha comprado el cuento secesionista desde la cruz a la raya, como si los catalanes no fueran españoles, o los españoles se sintieran ajenos a Cataluña. Así nada bueno cabe esperar del paso que va a dar; eso sí, “en conciencia”.
Y para redondear la hazaña a la que se apresta, anuncia reformar el delito de sedición en el Código Penal. Esto se lo brinda al loquito de Waterloo, y al tribunal que allí le protege, mostrando su voluntad de “actualizar esos delitos y homologarlos a los de los países más avanzados en términos democráticos”.
A partir de su paso por Moncloa, España será un país avanzadísimo en términos democráticos. Que nadie se queje, ni siquiera los que no entendieron que el Supremo no calificara el golpe de 2017 como rebelión, penado en Francia, por ejemplo, con cárcel de 30 años, o de por vida en el equivalente “alta traición” en el caso de Alemania.
Pero la razón de emprenderla con el Código Penal no es la homologación con nadie, sino cubrirse frente a la impugnación de los indultos por parte del TS. Rebajando en el CP a tres o cinco años las penas por sedición, los golpistas saldrían automáticamente a la calle por aplicación del principio de retroactividad en beneficio del reo.
