Dice la ministra portavoz, a la par que de Hacienda, que “es de una gravedad extrema que se tolere el transfuguismo”. Claro que el transfuguismo bien entendido bien merece acuerdos, brindis y palmas como los que celebraron en Murcia sanchistas y arrimados hace una semana. ¿Pero acaso los pobres ciudadanos tentados con una presidencia, alcaldía o lo que fuera menester no estaban pasando de uno a otro bando?
La ministra Montero, siempre fina de análisis y cuidada expresión, ha dejado sentado que quien se pase a su oposición, a los populares, es sujeto de extrema gravedad. Iglesias añadiría que quien los recibe es un criminal.
Lo del transfuguismo merece una seria reflexión. El pacto que signaron casi todos los partidos presentes en el verano de 1998, y los actuales han agravado hace pocos meses, es un monumento a la partitocracia sin parangón en democracias normales, sin apellidos. Algo así como que el diablo tenga un monumento en el parque de El Retiro, el Ángel Caído del escultor madrileño Miguel Ángel Bellver.
Y es que hay cosas que sólo se explican aquí, donde los sueños de la razón producen monstruos, y genios también como Goya y Cervantes. La constitucionalización de los partidos políticos y las capacidades que otras leyes les han dado cubrió una necesidad en el arranque de la Transición para operar sobre el yermo asociativo e ideológico que dejó el régimen orgánico, el franquismo, vaya.
Pero se les fue la mano auto concediéndose poderes que, venturosamente, el Tribunal Constitucional ha ido desmontando. Y uno muy concreto es el referido a la independencia de los elegidos por los ciudadanos frente a las estructuras partidarias.
Cinco concejales comunistas del Ayuntamiento de Madrid fueron expulsados del PCE que dirigía Carrillo en 1981. El partido incluso pidió a la Junta Electoral sus ceses como concejales, y el consiguiente relevo por otros militantes. Almeida, Larroque y demás recurrieron el atropello y el TC sentenció declarando “el derecho de los recurrentes como representantes libremente elegidos por los vecinos de Madrid a ser repuestos en el cargo de Concejal que desempeñaban al ser expulsados del partido del que formaban parte en el momento de su elección”.
¿Por qué? Entre otras cosas porque la Constitución niega a los partidos obligar a sus diputados a someterse a disciplina de voto.
Un ejemplo brillante: Margarita Robles desobedeció la orden del Comité Federal del PSOE de abstenerse en la última investidura de Rajoy. “No acataré la decisión del Comité Federal porque el compromiso que adquirí con los votantes señalaba lo contrario: ir en contra de un gobierno de Rajoy… La Constitución es muy clara cuando dice que los diputados no estamos sometidos a ningún mandato imperativo«.
Y ahí la tienen; la hoy ministra de Defensa se encaró con la partitocracia hacedora de tránsfugas. Claro que de esto no se enteran los mindundis que la rodean.
