Ministra y Presidente
El gobierno Sánchez está apelando a la insumisión civil de los ciudadanos honrados.
Cargarse el parlamento con un decretazo contra el Senado; dar a Cataluña el tratamiento que los sediciosos le han impuesto; cargarse el proceso de reconstrucción económica en curso para satisfacer a los leninistas con que gobierna; secuestrar la televisión pública nacional y ocupar el CIS y la dirección del primer diario impreso es propio de autócratas sin vergüenza.
Y ¿hasta cuándo la cargante procesión de la momia de quien ganó una lejana guerra civil? Es imaginable la satisfacción de los de Sánchez viendo cómo el señuelo del viejo caudillo atrae la atención de opinadores y columnistas como si no hubiera asuntos más serios de que tratar.
Pero lo que colma el vaso de la resignación es la dejación de funciones que acaba de protagonizar su ministerio de Justicia. Alegar que España “no asumirá en ningún caso la defensa del juez Llarena por los actos privados que se le atribuyen” es una felonía.
Pagar los votos prestados para hacerse con los resortes del Estado sin pasar por las urnas tiene estas consecuencias. Los desayunos en el palacete de La Moncloa, el helicóptero para moverse sobre el tráfico de la capital, el avión para lo que apetezca y demás encantos del poder están resultando demasiado onerosos para una sociedad que no sale de su asombro ante tanto dislate y estupideces sin excusa.
No hay resorte estatal que Sánchez y su troupe no estén dispuestos a quebrar. La consigna parece clara: ya pueden las Reales Academias, los Consejos de Estrado o del Poder Judicial decir misa, que nosotros a lo nuestro.
Que el CGPJ haya calificado de burda maniobra la denuncia contra Llarena que Puigdemont hizo ante un tribunal belga ha importado un pito a la ministra de Justicia, la Excma Sra. Dolores Delgado, Lola, amiga del exjuez Garzón y amante de la llamada justicia universal.
Eso sí, dice el Gobierno Sánchez que sólo intervendrá si la autoridad belga lesiona la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles; si cuestiona la instrucción seguida aquí sobre el proceso soberanista catalán. Faltaría más, ¿pero no es eso lo que ha ocurrido?
Calificar de “acto privado” las imputaciones del magistrado español a los sediciosos catalanistas es una broma inadmisible. Como cada paso que está dando este Gobierno sin pies -84 escaños- y con menos cabeza aún.
