Autoridad sediciosa
La Fiscalía vuelve a tomar cartas en el asunto, ahora para acusar de sedición a los agitadores que están llevando a la calle el golpe iniciado en el Parlament. No a todos, cierto es, porque entre los denunciados no aparece el nombre de esa madre coraje que atiende por Forcadell.
La autoridad que violó el reglamento de la institución que preside para aprobar lo que aprobó, arengó a la turba que cercaba el llamado Palau de la Justicia en Barcelona: “Demostraremos que no tenemos miedo votando en el referéndum”. Había comenzado diciendo que estaba allí para defender los derechos y la democracia y pedir la libertad de los detenidos. “No están solos, tienen un pueblo luchando por ellos porque son nuestros héroes”.
La animadora del procés ¿pensará lo que dice, dirá lo que piensa? Resulta difícil creer que toda una autoridad institucional pueda tener como héroes a personajillos como los investigados por un juzgado de la propia comunidad catalana. ¿Un héroe Jové, secretario general de la vicepresidencia de Junqueras, o Salvadó, secretario de Hacienda también a las órdenes de Junqueras, o los técnicos del CTTI, o Puig, técnico de información de la consejería de Exteriores de Romeva…? Barato se valora el heroísmo entre los sediciosos.
Una vez puestos en la calle, la primera decisión del Gobierno catalán ha sido el cese de Jové, mano derecha de Junqueras tanto en el Govern como en el propio partido republicano, con un fin singular: que no tenga que pagar la caución que pesa sobre su cartera, 12.000 euros diarios, mientras siga en la brecha. Y es que lo primero es lo primero y con las cosas de comer no se juega.
Tanto éste como el resto de los retenidos en el Juzgado durante unas horas son las únicas piezas cobrables por la Justicia con el fin de hacer efectiva la nulidad de todos los pasos dados por los golpistas, desde la convocatoria del referéndum hasta la ensoñada proclamación de la república catalana. ¡Qué bobada lo de la igualdad de todos ante la Ley! Los jefes de la tropa están a buen recaudo protegidos por el aforamiento a los políticos que defendieron con ardor hace poco más de un año.
Puigdemont y Junqueras se presentaron entonces en Madrid para encabezar un acto de protesta contra la concesión del suplicatorio solicitado por el T. Supremo para enjuiciar a Homs, entonces portavoz de PdeCat, por su papel en la fallida consulta del 9-N. Dentro del hemiciclo, los separatistas contaron con el apoyo de podemitas, IU y bilduetarras. Tras estas barreras están parapetados los jefes de la sedición; de momento.
Lo único claro es que con las algaradas promovidas, los destrozos provocados, el acoso a las fuerzas del orden, las presiones sobre los jueces y demás empeños provocadores se han consolidado los requisitos precisos para hablar de sedición.
Y no es delito menor. La sedición castiga con penas de hasta 15 años de cárcel “si fueran personas constituidas en autoridad”, a quienes “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales” (Art. 544 y siguiente del Código Penal).
De momento, La Fiscalía General apunta la responsabilidad de la movilización del 20 de septiembre a los dirigentes de la ANC y de Ómniun, Sánchez y Cuixart, pero añade que “se hace necesario adoptar las medidas necesarias para investigar quienes son las personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones”.
Tiempo al tiempo, si es que lo hay.
