Aquel dicho de que entre todos la mataron y ella sola se murió resulta bastante gráfico para explicar la situación del país. ¿Quiénes serían esos todos? Resumiendo, los tres poderes del Estado. Pero de ellos el Judicial ha irrumpido en la escena pública levantando excesivas suspicacias. Los innumerables casos de corrupción ha servido de plataforma, como en Italia significó hace veinte años el proceso “mani pulite”.
En circunstancias críticas la política partidaria acaba impregnándolo todo. Gobiernos que concentran su acción en un solo objetivo urgente en detrimento de otros compromisos adquiridos con sus electores; parlamentos convertidos en meras cajas de resonancia de posiciones enconadas sin disposición alguna al diálogo; tribunales que comienzan a tomar parte en la vida política, con el riesgo consiguiente de convertir en justiciero el ejercicio de la justicia.
Un expresidente de nuestro Tribunal Supremo dijo con buen criterio que no es bueno «que los jueces regeneren la política ni actúen de salvapatrias, incluso si el Parlamento no ejerciera adecuadamente sus funciones, ya que si los jueces hicieran eso, actuarían como un contrapoder mesiánico”.
Pero otros magistrados del mismo alto tribunal han opinado que la entrada en la arena política de los jueces se produce cuando los otros dos poderes han dejado vacío el espacio que tendrían que cubrir. Concretamente uno de ellos tiene escrito que en esos casos “la anormalidad política se sustituye por la normalidad judicial”.
La apertura de juicios orales, o su convocatoria, en el entorno de procesos electorales cabe ser interpretada como meras coincidencias. O no. Cuando instrucciones dilatadas a lo largo de años, Gurtel, EREs, y tantas otras se concluyen en momentos políticamente singulares cabe todo tipo de suposiciones.
Y eso es lo que pasa cuando los órganos del poder judicial se politizaron al cambiar el proceso de nombramientos que replica el esquema del parlamento. Pésimo ejemplo para todos cuantos ejercen las funciones jurisdiccionales desde sus niveles más inferiores.
En nuestro sistema judicial el juez carece de legitimación en cuanto se sale de la Constitución y de la Ley. La creatividad que puede apreciarse en sistemas anglosajones aquí está muy restringida, y siempre sometida al criterio del Supremo… que puede llegar a ser tan cambiante como la composición del Congreso de los Diputados de una legislatura a la siguiente. Esa inevitable politización atenta contra la piedra angular de todo Estado de Derecho, el sistema de controles y contrapesos entre los tres poderes, cheks and balances del constitucionalismo anglosajón. Y del nuestro.
Claro que todo ello no tiene vida si la sociedad carece de valores cívicos y personales previos a toda ley. Como advirtió Séneca, la honestidad puede prohibir lo que las leyes no prohíben. Medio siglo antes, Cicerón había sentenciado que la libertad consiste en ser esclavo de la ley.
¿Estamos en ello?