La distancia
Lo de predicar y dar trigo al mismo tiempo es tan difícil como tocar las campanas y estar en la procesión. Dicen los exégetas del secretario general socialista que su apoyo a IU para reformar el artículo 135 de la Constitución no significa que quiera cargarse el principio de estabilidad presupuestaria. Y explican, que de lo que se trata es de garantizar los gastos en Educación, Sanidad y Pensiones, respetando el equilibrio presupuestario impuesto por la UE. No suena mal, ciertamente, si no fuera porque hasta ahora no se ha inventado la fórmula para hacer una tortilla sin romper huevos.
Garantizar esos puntos cardinales del llamado Estado de Bienestar resulta cuestión peliaguda en un contexto de crisis larga y profunda como la abierta hace ahora siete años. Pero más que difícil resultaría misión imposible hacerlo en contra del mundo, es decir, sin aportar la confianza necesaria para poder financiar los desequilibrios. De eso trató la reforma constitucional instada por el anterior gobierno socialista acosado entre la espada y la pared. Lo explicaba bastante bien la exposición de motivos de aquella Ley:
“Más de treinta años después de la entrada en vigor de la Constitución, formando parte España de la Unión Económica y Monetaria Europea, que consolida y proyecta sus competencias en el marco de una creciente gobernanza común, y siendo cada vez más evidentes las repercusiones de la globalización económica y financiera, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado Social que proclama el artículo 1.1 de la propia Ley Fundamental y, en definitiva, de la prosperidad presente y futura de los ciudadanos. Un valor, pues, que justifica su consagración constitucional, con el efecto de limitar y orientar, con el mayor rango normativo, la actuación de los poderes públicos.”
La política no siempre es el arte de optar entre la opción buena y la mala; a veces hay que elegir entre lo malo y lo peor. Jugando con los volúmenes reales de nuestra economía, por dónde el socialista metería la tijera para sostener e incrementar las dotaciones a los servicios públicos será una incógnita sin respuesta. Al tiempo.
Los que sí pueden salir por cualquier registro son los promotores de la fallida contra reforma, los comunistas satelizados en torno a los populistas bolivarianos. La razón es sencilla: no tienen nada que perder, ni siquiera las tijeras de cortar.
Y es que una cosa es predicar y otra sentir la responsabilidad de tener que dar trigo. Algo ha sabido de ello el autor de una Cuarta Página de El País que en agosto de 2011 escribió a propósito de la reforma entonces en ciernes:
“La estabilidad presupuestaria es una condición necesaria para garantizar, a medio y largo plazo, un crecimiento económico sostenido. Los desequilibrios permanentes, con déficits estructurales y deudas acumuladas que se hacen impagables, arruinan las perspectivas de crecimiento y merman la confianza de todos los actores. La consecuencia es inexorable: no se pueden mantener las políticas de cohesión social que definen nuestro modelo. No es, o no debe ser, un problema ideológico, sino de sentido común y de responsabilidad de los gobernantes… Por eso es bueno que haya un acuerdo que obligue a todos sobre la estabilidad presupuestaria en el medio y el largo plazo. Y el mecanismo más contundente para obligar a tirios y troyanos es que figure en la Constitución.
Fue Felipe González, expresidente del Gobierno español y socialista. O socialdemócrata, como se reclama Pedro Sánchez.
