Pena de paseíllo
Como si no hubiera cuestiones perentorias por resolver, media clase política anda liada entre la reforma de la llamada ley del aborto y cómo la infanta Cristina llegará a la sala del juzgado el próximo 8 de febrero.
Hay hechos y situaciones que recrean imágenes de otro tiempo, como aquella de las comadres en torno a la guillotina de la Revolución Francesa, tricotando como si estuvieran en casa de la vecina mientras pasaban el tiempo entre una y otra ejecución, se retiraban los cestos con las cabezas degolladas y el siguiente carromato llegaba con los “enemigos del pueblo”. Era el Reino del Terror, de “la justicia rápida, severa e inflexible” como lo definió su gran protagonista Robespierre.
Y ya sobre el cadalso, el asombro ante la precisión con que mataba aquel novedoso instrumento que propuso a la Asamblea Nacional el diputado Guillotin, cirujano de profesión, para que el castigo fuera igual para todos. Igual para todos.
Asistir aquí a estas alturas a disquisiciones sobre si la igualdad erga omnes obliga a cualquiera a recorrer cien metros expuesto al linchamiento es una estupidez. Ni la infanta ni nadie tienen por qué someterse a esa extraña condena, y menos aún quien, por lo que fuese, esté sujeto a protección por razones de seguridad.
Lo realmente cuestionable es que cualquier ciudadano sujeto a investigación tenga que pasar por esa horca caudina antes de ser juzgado. Los justicieros populares suelen terminar siendo víctimas de sus procedimientos; Robespierre acabo descabezado por su artilugio favorito.
Y lo del aborto… Convertir el tratamiento civil de una triste desgracia acreedora a sistemas paliativos en un derecho de la mujer, tiene bemoles. Aquellas comadres de finales del XVIII no llegaron tan lejos. La que han armado los socialistas porque la presidenta de Aragón ha manifestado que “el aborto no es un derecho de la mujer” tiene huevos, con perdón. Para una diputada socialista en las Cortes aragonesas lo de Rudí es de tal vergüenza que tiene que pedir perdón a la ciudadanía. Penoso que para la socialista Canales sea una vergüenza pedir que se vuelva a la despenalización legislada en 1985 por el gobierno socialista de González y Guerra.
Sobre este cisco, que una mejor administrada prudencia política podría haber mitigado, ¿qué dicen los varones de las féminas que reclaman su exclusivo derecho para disponer de la vida del hijo que engendraron entre ambos? El hombre reducido al papel de inseminador demasiado progresista no parece.
