La primera impresión del viajero
TRAGSA es empresa pública, participada por la SEPI, el Fondo Español de Garantía Agraria y la Dirección del Patrimonio del Estado con un total del 99% de sus acciones. El uno por ciento restante está distribuido entre quince comunidades autónomas a razón de una acción por cada una de ellas.
Ante la crisis de la basura desatada en Madrid por el conflicto que sindicatos y concesionarias de la limpieza mantienen por una reducción de plantillas, al cabo de una semana larga de huelga la alcaldesa del municipio madrileño les ha dado un ultimátum: o lo resuelven en dos días o reclama los servicios públicos para hacer frente al caos. Los servicios públicos son los de TRAGSA, cuyos sindicatos -UGT, CC.OO y CNT- han anunciado que ellos no son esquiroles; que tampoco trabajarán en la limpieza de la capital porque… tienen otro ERE pendiendo sobre sus cabezas que afectaría a un 23% de los 5.200 trabajadores.
Con los EREs hemos topado. Esto no es Andalucía, donde máquinas de engrasar de última generación hacen milagros en el seno de los sindicatos… y de algunas empresas como las de los Ruiz Mateos. Madrid, territorio franco para los golfos del gürtel, por ejemplo, no ha tenido al frente de su hacienda a un economista capaz de abrir el grifo de los dineros para el desempleo a otros fines menos santos, como en Sevilla hizo Maleni, hoy todavía vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Frente al impresentable choriceo de Correa y compañeros del gürtel pepero madrileño, lo de los EREs andaluces tenía al fin y al cabo una función social: la paz, además de los votos de beneficiarios y familiares. Es lo que debería argüir en su defensa la ex consejera de Hacienda de la Junta andaluza y luego ministra de Fomento con Zapatero, y no refugiarse en el estólido argumento del olvido.
En cualquier caso, la crisis de la basura madrileña tiene varios aspectos relevantes, comenzando por la incapacidad política de todos los agentes en presencia, encabezados por presidencia de la corporación municipal; y por dos razones.
La primera: dejar pudrir durante una semana y pico los despojos de tres millones de ciudadanos es sencillamente inaudito (RAE: “monstruoso, extremadamente vituperable”). Los argumentos de la autonomía y responsabilidad de las partes en conflicto valen mientras la huelga no deje sentir sus efectos; a partir de ahí denotan una incapacidad lamentable… salvo que quiera abrirse la puerta al debate sobre las concesiones de servicios públicos a empresas privadas. No parece que ese sea el ánimo de la alcaldesa Botella.
La segunda: hace tres meses, el Ayuntamiento madrileño renegoció nuevas condiciones para reducir los costes de limpieza y jardinería en un 16%, lo cual iría en la buena dirección si se hubiera valorado el posible efecto del ajuste en términos laborales. ¿Lo hizo? No hay explicación.
Tampoco se sabe si las cuatro concesionarias, OHL, FCC, CESPA y SACYR, avisaron que las nuevas tarifas les obligaban a hacer EREs como el anunciado, de 1.400 personas sobre un total de 6.000. La cifra se ha ido rebajando durante las negociaciones hasta menos de la mitad, 625, con el compromiso de un ahorro adicional de costes de funcionamiento y rebajas en los salarios de hasta un 20%. Los sueldos oscilan entre los 23.000 y los 12.000 euros anuales, en función de antigüedad y otros factores, y según las empresas, aumentaron a razón de un cuatro por ciento durante los cinco últimos años. Por su parte los sindicatos niegan las cifras, arman piquetes que impiden los servicios mínimos, queman contenedores, etc.
En resumen, este es un caso de incompetencia, temeridad y, también de la habitual falta de solidaridad sindical. Quizá llegue el día en que, por un lado, antes de hacer lo que haya que hacer se sopesen las consecuencias. Y por otro, en que los sindicatos se decidan a contener su activa contribución a engrosar el drama del paro. Por activa: ¿EREs parciales o el cierre para todos?
