Otra solución, cerrar el país
Los sindicatos, parece que ahora con mayor vigor el que controlan los comunistas, se empeñan en distraer al personal a base de lo que llaman movilizaciones. Cualquier pretexto es bueno para que el resto de Europa nos confunda con la Grecia del momento. Pero más allá de los socorridos recortes, lo que les duele es haber perdido el momio que les dejó el franquismo a manos de la Reforma Laboral.
Reforma que no ha hecho otra cosa que situar nuestra legislación laboral en el contexto europeo. Lo explica divinamente el profesor Sagardoy en el Informe Anual del Foro de la Sociedad Civil de que les hablaba hace un par de días. Resulta que mientras las normas reguladoras de las relaciones laborales en el resto de Europa cuajaron tras la segunda guerra mundial con el triunfo de las libertades, incluidas los derechos de huelga y sindicación, en la España de los años cuarenta la causa fue otra.
El régimen franquista, vigente durante tres décadas y media gracias al acuerdo impuesto a la sociedad –seguridad a cambio de libertad- aplicó el mismo principio al mundo del trabajo: protección total al trabajador a cambio de la cesión de todos sus derechos y libertades. En este peculiar trade-off llegó más lejos que la II República consagrando una rigidez en las relaciones laborales de la que traen causa algunos millones de los parados registrados.
El dato sería increíble de no ser constatable. Mientras que la ley que en 1931 impulsó Largo Caballero preveía para los despidos el pago de 15 días por año hasta seis meses, la de Girón, 1944, fijaba las indemnizaciones en 60 días por año y hasta 5 años. Eso fue lo que heredaron cuarenta años después los actuales sindicatos, además de las subvenciones de que también vivían los anteriores, los verticales.
Es una buena muestra de los motivos de casi todas las reformas, llamadas recortes unas, y liberalizaciones otras.
En la Laboral el objetivo era pasar de la protección unilateral del empleado a la institucional del conjunto de la empresa, por aquello de que sin empresa no hay trabajadores, y de que los trabajadores ya son libres para defenderse por sí mismos. En otras, adecuar los medios a los fines.
Está por ver hasta dónde pueda llegar la que afecte a las universidades; si cada provincia seguirá queriendo tener una; si las Comunidades, de ellas dependen, continuarán pidiendo al Estado que les fije un abanico de tasas a cobrar, y si los casos los rectores consolidarán la irrelevancia internacional de los títulos que aqueja a la inmensa mayoría de los centros.
Hay más ámbitos que el financiero donde meter el bisturí, como se ve.
