Garzón condenado por prevaricador
No es frecuente en los últimos tiempos que los magistrados de una sala del Supremo sentencien por unanimidad como lo han hecho en la causa abierta contra Garzón por atentar contra el derecho de defensa. Por practicar ese principio estalinista de que el fin justifica los medios, asumido luego por nazis y fascistas y hoy practicado por algunos sátrapas latinoamericanos, entre otros.
Garzón ha sido víctima de su propio ser. No ha sido condenado ni suspendido por un tribunal fascista, sino por su carencia de escrúpulos procesales. Por el uso y abuso de ese camino tan querido por la izquierda del uso alternativo del derecho.
Merece la pena leerse la sentencia, de la cruz a la raya. Es un monumento a las bases del Estado de Derecho cimentado por jurisprudencia que llega hasta recientes pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
No se trata de política. Aquí no hay víctimas del franquismo, sino la mera defensa del Estado de Derecho. El siguiente punto de la sentencia resume muy gráficamente el caso del juez prevaricador:
11º, 4. “En el caso, el acusado causó con su resolución una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados anejos al mismo…, colocando a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados desde la consagración y aceptación generalizada del proceso penal liberal moderno, admitiendo prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido.”
Así se comprende tanta irritación por parte de los portavoces de IU, ERC y demás demócratas de toda la vida.
Es preocupante que la izquierda española no defienda los derechos fundamentales.