San Fernando de Henares, uno de los pocos municipios españoles gobernado por IU, alberga una sede de la Audiencia Nacional. Y allí el juez Gómez Bermúdez se ha llevado El Faisán. Como presidente de la sala de lo penal de la AN decidió quitar de en medio al tribunal que debiera resolver los recursos de la defensa de los mandos policiales implicados. Prefirió convocar al pleno de la sala. Lo decretó el 26 de julio alegando “la complejidad e importancia jurídica” del caso que tiene en vilo al candidato y a su anterior número dos, hoy ministro del Interior y aspirante a escaño por Zamora.
Complejo el caso no parece, y más que jurídica su importancia es netamente política. Pero el juez que por las noches duerme como un leño, al decir de su mujer, la periodista Elisa Beni, quiso hacer lo que hizo y ahí están quince o catorce magistrados encerrados en el Real Sitio de San Fernando de Henares sumergidos en el poco edificante enfrentamiento entre progresistas y conservadores. De cómo concluya la tormenta depende que el juicio se desarrolle en la Audiencia Nacional o en un juzgado de Irún.
Discernir si el aviso de que iban a ser detenidos unos terroristas es tipificable como colaboración con banda armada/encubrimiento, o como simple revelación de secretos es lo más parecido a especular sobre cuál es el sexo atribuible a los ángeles. ¿Qué otra cosa sino colaboración es la revelación a los interesados de un secreto a ellos referido?
De complejidad, poca pues. Y sobre su importancia jurídica hay ya demasiada jurisprudencia, incluso debida al mismo juez Gómez Bermúdez quien, en su sentencia 65/2007 sobre el 11-M y después de citar jurisprudencia anterior del Supremo, dejó escrito: “El delito de colaboración con banda armada ni siquiera exige que el colaborador comparta los fines políticos o ideológicos de los terroristas, sino que basta con saber que se pone a disposición de esos criminales un bien o servicio, que se les está ayudando o facilitando su ilícita actividad, no siendo preciso conocer el delito”.
Pues de eso andan pendientes todos los mandos de Interior en mayo de 2006. De los procesados, uno de ellos director general de la Policía Nacional, otro jefe superior en el País Vasco y un tercero inspector de la brigada de información, dicen que dicen que están dispuestos a tirar de la manta. Y esta es una de las cuestiones que la inmunidad parlamentaria no cubre, como se vio con los GAL. La importancia es política, como el propio auto del juez llevando la cuestión al pleno de la sala de lo Penal.
