La Defensora contra el despilfarro
La amenaza de la vicepresidenta Salgado a las comunidades que renuncien al impuesto sobre el patrimonio que hoy perpetra el Gobierno de salida deja bien claro el objetivo de la decisión: suministrar un elemento de discusión a la campaña electoral en ciernes. Lo que no está tan claro es que favorezca a los intereses del candidato socialista.
La primera razón estriba en que la resurrección de este gravamen será causa de litigios judiciales, de entrada, y de salida, porque no va a ser efectivo; no se va a cobrar. Oír al candidato que ese presunto dinero le vendría muy bien el próximo año para dedicarlo al empleo juvenil rebasa la tomadura de pelo dispensable en campañas electorales. Claro que no todos los electores tienen por qué saber que la no retroactividad es uno de los principios básicos del derecho fiscal; dicho de otra forma, que en septiembre no se puede imponer un gravamen para el año en curso. ¿De qué estamos hablando pues?
De demagogia: cómo no va a caer bien entre cinco millones de parados el slogan “que pague más el que más tiene”. Pero el candidato, los que más tienen y mucha más gente saben queen esta no cogen a los ricos de verdad.
Y la vicepresidenta sabe, además, que las cifras que ayer adelantó no serían ciertas. Los patrimonios cuantificables, basados por ejemplo en acciones cotizadas, han perdido más de la mitad del valor que mostraban en 2008, último ejercicio con datos de la Agencia Tributaria. Como siempre, la realidad nunca cuadra las cifras presupuestadas.
¿Por qué no hablar de otras cuestiones como el despilfarro de los políticos que ayer puso sobre la mesa del Congreso la Defensora del Pueblo, Sra. Cava de Llano? Su tipificación como delito seguramente no interese al candidato, pero también caería bien a una inmensa mayoría, y taparía la boca a las escuálidas minorías que su equipo moviliza contra los recortes que a posteriori exige la dilapidación de fondos públicos.
O de la llamada precariedad del empleo. ¿Habrá algo más inseguro que el paro?
