La abogacía del Estado no es lo que era. Que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hayan prevalecido los argumentos de los abogados Rouget y Goirizelaia, de San Juan de Luz y Bilbao, sobre los del abogado del Estado español Blasco Lozano, es como para pensárselo. Sobremanera si este Estado no es la primera vez que ha de pagar; hace poco tuvimos que satisfacer a un ciudadano alemán con 15.600€ que, como los 20.000€ para Otegui, salen de nuestros impuestos.
Con tan eficaces defensas del jefe del Servicio Jurídico de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, nuestros tribunales Supremo y Constitucional no quedan bonitos.
Y, para más inri, el batasuno nunca cumplió la recurrida sentencia, condonada por el Gobierno Zapatero en julio de 2009.
Si además de injurioso no es una provocación motejar al Rey de “jefe de los torturadores” en vísperas de viajar al País Vasco, venga Dios y lo vea. Porque a los ojos de los jueces del Tribunal Europeo es la justicia española quien violó la libertad de expresión del ciudadano Otegui. Presidía el tribunal el gerundense Josep Casadevall, representante de Andorra.
Eso sí, mientras en Estrasburgo los jueces europeos se dedicaban a tan fina hilatura Gadafi sigue matando libios, Mediterráneo de por medio, como leones en safari. Será que ahí no hay humanos cuyos derechos defender, a los ojos de ese curioso colectivo de jueces dedicados a la materia.
Junto a muchas otras cosas nuestra vieja Europa debe cuestionarse ya la existencia de fiscalías y tribunales especiales. Si además de ser un principio bastante sólido lo de la administración ordinaria de justicia, los lugares especiales acaban alimentando gentes demasiado especiales.
