Las detenciones de varias decenas de parlamentarios colombianos acusados por los tribunales de haber mantenido en el pasado diversos tipos de relación con los paramilitares pone sobre la mesa una cuestión mayor: ¿hasta dónde puede el poder judicial desarbolar el legislativo mediante la suspensión sin sentencia firme de un número de parlamentarios suficiente como para alterar la expresión de la soberanía popular manifestada en unas elecciones?
No es baladí la cuestión si, además, esa dinámica acaba por imposibilitar la acción de la Presidencia de la República. Y ésta de Uribe es la última oportunidad a la vista para reducir la narcoguerrilla a su mínima expresión posible. Tal vez ahí radique el problema. No se han ofrecido datos de por qué precisamente ahora se produce esta escalada investigadora sobre las posibles relaciones entre parlamentarios de un lado, el gubernamental precisamente, y los grupos armados de defensa contra los terroristas de las FAR.
Parece claro que haya que depurar responsabilidades derivadas de los perfiles delictivos en que cayeron las llamadas también Autodefensas, nacidas de la falta de respuestas eficaces contra los terroristas por parte de los gobiernos que desde los años 70 se han sucedido en Colombia. De hecho su disolución, aún no total ciertamente, ha producido a la vuelta a la normalidad de treinta mil paramilitares, lo que sólo cabe interpretar como un paso en la dirección correcta. Los miembros de la judicatura que ahora se apresuran a hurgar sobre los restos abiertos porel desmantelamiento progresivo de aquella contra guerrilla, tal vez contribuirían mejor a resolver el problema de fondo que arrastra el país poniendo todo su celo en la persecución de la narcoguerrilla aún en armas y con más de medio millar de secuestrados.
Y extremando su capacidad de pesquisa en torno a las apoyaturas que los terroristas tienen al otro lado de las fronteras con Venezuela y Ecuador, por ejemplo. Claro que ese afán comportaría mayores riesgos y tal vez menores “honores” entre los dispensadores oficiales de supuestas credenciales de independencia y valor cívico.
