No ha sido el Tribunal Supremo quien se ha cargado el octavo intento de los etarras para colarse en la legalidad. La responsabilidad de la no legalización es de la propia ETA. Sólo ETA puede dejar claro que Sortu no es una filial, una bandera de conveniencia, etc. Para alcanzar el estatus de ciudadanía respetable los llamados abertzales tienen que sepultar ETA. Lo demás son tretas.
El cierre de ETA no se solventa con una declaración de tregua indefinida; la tregua no es el final de nada, sólo un mero paréntesis. La liquidación de ETA -la organización terrorista con un millar de muertes en sus manos- se certifica con la entrega de las armas y la puesta a disposición de la Justicia de sus componentes. En el tema no caben pactos del capó, como el que cerró el golpe del 23-F; sólo transparencia. Los datos proporcionados por la Guardia Civil abundan en la tesis contraria, que ETA no piensa en disolverse. Y como uno de los testigos policiales manifestó, la tregua sólo dice que no pueden moverse, no que no quieran hacerlo.
Hasta el momento todos los elementos en juego han jugado correctamente sus papeles. De un lado, la Fiscalía y la Abogacía estatales aportando los datos suministrados por los cuerpos de seguridad; del otro, los abogados los promotores de Sortu y sus abogados Iruín y Araiz, sometiendo al Gobierno unos estatutos diseñados a la medida de la Ley de Partidos, sin más pero tampoco sin menos. Y al fondo, el Tribunal Supremo, los dieciseis magistrados que por mayoría, tres votos discrepantes, han considerado pertinentes las alegaciones en contra de la legalización.
ETA se limitó a adecentar la puesta en marcha de su pretendido brazo político declarando una tregua indefinida. Una semana después, presentaban a Sortu en sociedad. El presidente de la organización vasca de los socialistas no se recató en defender la conveniencia de abrir la puerta a los abertzales. Los nacionalistas del PNV también, y el lendakari se quedó en ambigua posición.
Con estos hechos en presencia no deja de resultar grotesco que el portavoz del PNV se apresurara ayer a descalificar la sentencia, fruto, dijo, de la contaminación ambiental que ha rodeado el asunto. “Contaminación”, palabra clave para invalidar la aplicación de Justicia.
Quedará flotando la interrogante de si abrir la legalidad a los abertzales significaría el final del terorismo. La respuesta sólo la tiene ETA.
